La proposición de ley sobre cogestión aeroportuaria que se tramita en el Parlament balear pretende dar a las instituciones de Baleares mayor capacidad de decisión sobre aspectos clave de los aeropuertos del archipiélago, como el techo máximo de vuelos, la planificación de infraestructuras o la conectividad aérea.
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La iniciativa fue impulsada inicialmente por MÉS per Mallorca y Més per Menorca con un planteamiento muy ambicioso: transferir la titularidad y la gestión de los aeropuertos a la comunidad autónoma. Sin embargo, tras la negociación parlamentaria y las enmiendas introducidas durante la tramitación, el mecanismo que finalmente se perfila se centra en reforzar el papel del Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears.
El resultado es una fórmula intermedia: no implica una transferencia directa de los aeropuertos, pero sí introduce informes vinculantes en determinadas decisiones estratégicas.
La propuesta inicial: transferir la gestión de los aeropuertos
El texto registrado por los grupos ecosoberanistas planteaba transferir a Baleares la titularidad y las competencias de ejecución de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet.
La proposición señalaba expresamente que “se transfiere a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la titularidad de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet (…) así como las facultades de ejecución y desarrollo de la legislación y de la política aeroportuaria estatal”.
Además, el proyecto incluía la creación de una Autoridad Aeroportuaria de las Illes Balears, que asumiría la gestión de estas infraestructuras.
Entre sus funciones figuraba la planificación aeroportuaria y la fijación de límites operativos, incluyendo la determinación del “sostre operacional de vols, passatgers i mercaderies”, es decir, el techo máximo de vuelos y pasajeros.
Qué cambiaría realmente para aeropuertos como el de Ibiza
Aunque la propuesta inicial planteaba transferir la gestión de los aeropuertos a Baleares, el texto que finalmente se tramita tras las negociaciones parlamentarias se centra en reforzar el papel del Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears, un órgano en el que participan administraciones públicas, AENA y agentes sociales.
La principal novedad es que algunos informes de este comité pasarían a tener carácter vinculante en cuestiones clave de la planificación aeroportuaria. En concreto, la redacción pactada establece que estos informes serán obligatorios “en todos aquellos aspectos que incidan en la fijación del techo operativo máximo de vuelos anual y diario, los planes, programas y construcciones, la conectividad aérea y la mitigación de los impactos negativos de los aeropuertos sobre el entorno”.
En la práctica, esto supone que decisiones estratégicas como la planificación de infraestructuras aeroportuarias o el número máximo de vuelos deberían ajustarse al criterio del comité, en el que participan instituciones baleares. El texto original de la proposición ya planteaba que la política aeroportuaria influye directamente en el modelo turístico del archipiélago, señalando que la planificación del número de vuelos y rutas “condiciona necesariamente el modelo turístico de las Illes Balears”.
Esto significa que, en esos ámbitos, los planes aeroportuarios deberían ajustarse a lo que determine el comité.
Quiénes integran el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares
Según el texto de la enmienda transaccional, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears estaría compuesto por representantes de administraciones públicas, AENA y agentes económicos y sociales. En concreto:
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Dos representantes del Ministerio del Gobierno de España competente en movilidad, uno de ellos ejerce la Presidencia.
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Dos representantes de AENA, designados por su consejo de administración.
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Un representante de la Delegación del Gobierno en Baleares.
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Dos representantes del Govern de las Illes Balears.
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Representantes de los cuatro consells insulares.
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Tres representantes municipales: del Ayuntamiento de Palma, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Ayuntamiento de Maó.
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Un representante de las Cámaras de Comercio de Baleares.
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Dos representantes de las organizaciones económicas y sociales del archipiélago.
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Dos representantes de los sindicatos más representativos de Baleares.
En total, el comité reúne administración central, autonómica, insular, municipal, el gestor aeroportuario y agentes económicos y sociales
El mensaje de MÉS
Desde MÉS per Mallorca han defendido el acuerdo como un paso para que las instituciones de las islas puedan influir en decisiones clave sobre los aeropuertos.
Según el portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, el pacto permite que Baleares tenga “capacidad real de incidir en las políticas aeroportuarias” y que las instituciones de autogobierno tengan “voz y voto en decisiones clave para el futuro de las islas”.
Los ecosoberanistas sostienen que, gracias a la redacción pactada, AENA deberá tener en cuenta el criterio de las instituciones baleares en cuestiones como la planificación aeroportuaria o el techo de vuelos.
El argumento del PP
El Partido Popular, por su parte, ha defendido las enmiendas introducidas durante la tramitación como una forma de adaptar la iniciativa al marco legal vigente. Según explicó a La Voz de Ibiza la diputada popular Margarida Martín, los cambios introducidos buscan “garantizar la viabilidad jurídica y técnica de la ley”.
Los populares sostienen que el texto acordado permite reforzar la participación de Baleares en la planificación aeroportuaria sin entrar en conflicto con las competencias del Estado, que mantiene la titularidad de los aeropuertos de interés general.
El resultado de la negociación configura un modelo más limitado que la propuesta original, que planteaba directamente transferir la gestión de los aeropuertos al Govern balear.
En su lugar, la iniciativa apuesta por reforzar un órgano ya existente y darle mayor capacidad de influencia en decisiones estratégicas, especialmente en lo relativo a la planificación aeroportuaria o al techo máximo de vuelos.
El caso de Formentera: más peso institucional pese a no tener aeropuerto
La tramitación de la ley también ha puesto sobre la mesa la situación específica de Formentera, la única isla del archipiélago sin aeropuerto propio y cuya conectividad depende del aeropuerto de Ibiza y del transporte marítimo.
La proposición de ley reconoce que las islas con doble y triple insularidad, como Ibiza y especialmente Formentera, dependen del transporte aéreo para acceder a servicios esenciales, desde desplazamientos laborales hasta atención sanitaria o trámites administrativos.
Durante la tramitación parlamentaria, el Consell de Formentera presentó alegaciones para que esta realidad quedara reflejada de forma explícita en la norma. Entre otras cuestiones, reclamó reconocer la singularidad de la isla, garantizar que la planificación del aeropuerto de Ibiza tenga en cuenta su conectividad con Formentera y asegurar una representación institucional propia en los órganos de decisión.
El planteamiento del Consell es que las decisiones sobre el aeropuerto des Codolar afectan directamente a la movilidad de los residentes de Formentera, por lo que la gobernanza aeroportuaria balear debería contemplar también la conexión entre el aeropuerto de Ibiza, el puerto de Ibiza y el puerto de la Savina.
Pendiente del Congreso
La proposición de ley deberá aún ser aprobada por el Parlament balear y posteriormente trasladarse al Congreso de los Diputados, ya que afecta a competencias estatales.
Por ello, su alcance final dependerá también de la tramitación y el eventual respaldo en las Cortes Generales.
