La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) denuncia que el Consell de Ibiza y el Govern balear han abandonado al colectivo de personas con discapacidad física en Ibiza. Según la nota de prensa difundida este lunes por la entidad, la institución insular acumula una deuda cercana a los 191.000 euros y mantiene caducado desde hace once meses y medio el concierto del Centro de Día que atiende a quince personas con discapacidad de origen neurológico.
Una deuda que asfixia al centro
El Consell de Ibiza no abona las facturas del servicio desde diciembre de 2025, según el balance que firma Ismael Vargas, gerente de AEMIF desde 2019. El Centro de Neurorrehabilitación, ubicado en la calle Mallorca número 3 de la ciudad de Ibiza, sigue funcionando gracias a la colaboración de empresas y entidades privadas, pero la asociación advierte de que la situación pronto será insostenible si no se desbloquean los pagos.
A la deuda se suma un segundo frente económico. Vargas asegura que la entidad ha cobrado durante tres años con precios desactualizados y que la administración insular solo ha compensado, por ahora, seis de los dieciocho meses afectados. La renovación del concierto, añade, resulta también imprescindible para ampliar plazas y atender a las siete personas que esperan acceder al Centro de Día.
El SAIPAP sigue sin concertar
El segundo gran servicio de AEMIF, el Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (SAIPAP), atiende a más de un centenar de familias de Ibiza y Formentera en áreas como logopedia, fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, psicología y trabajo social. Tres años después de que el Consell de Ibiza aprobara en marzo de 2023 la cartera de servicios sociales, ninguna plaza del SAIPAP está concertada.
La entidad recuerda que la entonces consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, presentó aquella cartera como «la piedra angular» para estabilizar la atención a las personas vulnerables. Tres años más tarde, denuncia AEMIF, el SAIPAP sobrevive con subvenciones, convenios y donativos, sin ingresos estables, y 35 familias permanecen en lista de espera.
Personas fallecidas mientras esperaban
La asociación afirma que hay personas que llevan más de un año esperando un servicio básico y que varias han fallecido sin llegar a recibirlo. Vargas señala directamente al Consell de Ibiza y al Govern balear como «máximos responsables» y asegura que, en los últimos cuatro años, el Ejecutivo autonómico no ha realizado «ni una sola llamada ni visita» a la entidad, pese a ser la organización que atiende prácticamente a todo el colectivo adulto con discapacidad física de la isla.
AEMIF advierte además de que Ibiza y Formentera carecen de servicios de promoción de la autonomía para menores y para mayores de 65 años, y de que faltan recursos de vivienda y apoyo habitacional para personas con dependencia. La entidad denuncia también demoras en la concesión del certificado de discapacidad y casos en los que el porcentaje reconocido no se corresponde con la situación real del afectado, lo que les impide acceder a las prestaciones.
120.000 euros mensuales de gasto
El gerente cifra en unos 120.000 euros al mes los gastos que la asociación debe cubrir para mantener al equipo de profesionales. «AEMIF ni siquiera debería existir; lo que hacemos es lo que deberían estar haciendo las administraciones públicas», sostiene Vargas, que se pregunta si compensa seguir asumiendo una responsabilidad que, recuerda, no le corresponde.
Casi tres décadas atendiendo a la isla
AEMIF nació en 1997 e inauguró su primer centro de neurorrehabilitación en 2007. Fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2011 y en 2023 estrenó nuevas instalaciones en la calle Mallorca. En la actualidad atiende a 154 personas y a sus familias, con especial peso del daño cerebral adquirido y el párkinson, mientras 34 pacientes continúan en lista de espera para acceder a terapias de logopedia, fisioterapia, neuropsicología o terapia ocupacional. La entidad reclama que tanto el Consell de Ibiza como el Govern balear sitúen la atención a la discapacidad física entre sus prioridades presupuestarias.
