Ibiza podría explorar restricciones a la compra de viviendas destinadas a segunda residencia, siguiendo el precedente de Malta, si acredita que esas operaciones perjudican el acceso a la vivienda de su población y consigue encajar la medida en el marco jurídico europeo.
Así lo plantea Héctor Simón Moreno, director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, que considera que la insularidad puede ser un argumento para negociar una excepción limitada a zonas y periodos concretos. El especialista es uno de los invitados por el Consell Insular para la jornada titulada «Eivissa: habitatge, territori i futur», con el objetivo de profundizar en los retos residenciales de la isla. La ponencia de Moreno será sobre «Normativa, regulación y políticas de vivienda».
En ese contexto, entrevistado por La Voz de Ibiza, reflejó el caso de Malta que cuenta con un régimen especial reconocido en su adhesión a la Unión Europea, que exige autorización para adquirir determinadas segundas residencias a ciudadanos comunitarios que no hayan residido legalmente allí durante al menos cinco años. No se trata de una prohibición indiscriminada a los extranjeros, sino de una restricción sometida a condiciones.
Además, Simón analiza por qué la crisis habitacional es particularmente intensa en la isla, defiende combinar nueva construcción y movilización de viviendas existentes y pide evaluar los efectos de las limitaciones a los alquileres y a las viviendas turísticas. Sus propuestas parten de una premisa: ninguna intervención aislada resolverá un problema que combina falta de oferta, presión turística y dificultades de acceso a la propiedad.
Insularidad, falta de oferta y acceso a vivienda
—Después de estudiar distintos mercados españoles y europeos, ¿Ibiza necesita soluciones diferentes o sufre los mismos problemas que el resto del país, pero de manera más extrema?
—Las dos cosas. Ibiza tiene una particularidad evidente: es una isla, y eso condiciona sus posibilidades de crecimiento. No puede hacer todo lo que quizá debería o podría hacer en términos residenciales. Además, existe una presión turística muy fuerte y una presión de compraventa por parte de extranjeros. Son elementos específicos que se suman a causas estructurales compartidas con otros territorios. Desde la crisis financiera internacional los problemas de asequibilidad han aumentado de forma exponencial en muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades. Las políticas de vivienda, en vez de favorecer una diversidad de formas de acceso —propiedad, alquiler estable y otras alternativas—, han ido dificultando la adquisición. Comprar ha quedado cada vez más al alcance de las familias con mayores recursos. Muchas otras han tenido que desplazarse hacia el mercado del alquiler, que no estaba preparado para absorber toda esa demanda. La expulsión de la compra se produjo de manera progresiva desde la crisis financiera y se acentuó en los años posteriores. No se creó una oferta alternativa suficiente para esas familias.
Hay dos factores especialmente relevantes. Uno es la falta de construcción: no se han producido suficientes viviendas para acompañar la creación de nuevos hogares, sobre todo desde 2019. A escala española, se está construyendo aproximadamente la mitad de las viviendas necesarias para atender la formación de nuevos hogares. El otro tiene que ver con las políticas aplicadas al alquiler. Si para muchas familias esa es ya la única opción, lo lógico sería incentivar que los propietarios sacaran sus viviendas al mercado. En cambio, desde 2015 se han impulsado medidas muy intervencionistas, especialmente en Cataluña, que han retraído la oferta.
El resultado es que hay dificultades para comprar porque muchas familias no pueden conseguir financiación hipotecaria, y también para alquilar porque faltan viviendas disponibles. Se genera una competencia entre candidatos y los propietarios terminan eligiendo a los perfiles económicamente más solventes. Las personas vulnerables quedan desplazadas, tienen que compartir habitaciones o aceptar fórmulas habitacionales que no desean. Y si los propietarios tienen numerosos candidatos, pueden priorizar a quienes acreditan más ingresos, garantías o estabilidad laboral. Eso agrava la exclusión residencial de quienes menos capacidad de elección tienen.
En Ibiza, el problema alcanza también a trabajadores esenciales y a empleados de otros sectores que no encuentran dónde vivir. En Barcelona o Tarragona una persona puede buscar alternativas en municipios del extrarradio. Aquí, en cambio, la isla impone un límite físico a esa posibilidad. La dificultad no afecta únicamente a los hogares más vulnerables: repercute en el funcionamiento de los servicios y de la actividad económica.
Por tanto, Ibiza comparte la falta de oferta, los obstáculos para acceder a la compra y el déficit de construcción que se observan en buena parte de España. A eso se añaden la inmigración como factor adicional de demanda, las restricciones territoriales, el turismo y la compraventa extranjera. También hay soluciones que en otros lugares pueden parecer sencillas, como la construcción industrializada, pero que aquí deben adaptarse al coste de la insularidad.
—¿Puede ser una solución la construcción industrializada?
—Puede reducir costes y acortar los plazos de ejecución. Son sistemas en los que determinadas piezas o paneles llegan fabricados y se ensamblan en la obra, casi como si fueran bloques de Legos. Pero transportar esos elementos hasta Ibiza puede resultar demasiado caro e incluso hacer inviable el proyecto. Habría que estudiar fórmulas para compensar o subvencionar parte de ese sobrecoste de transporte.
A escala autonómica se han aprobado medidas de simplificación administrativa y fórmulas de vivienda de precio limitado, con la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan requisitos mínimos de residencia para favorecer a la población de las islas. Es una vía que puede ayudar, pero todavía está por ver cuál será su resultado real.
—Ha descrito un escenario complejo. ¿Por dónde deberían empezar las administraciones para encontrar soluciones?
—En vivienda no hay soluciones mágicas. Es un problema complejo y hay que abordarlo desde diferentes perspectivas. Ahora se intenta agilizar la tramitación de los proyectos residenciales estratégicos, pero la simplificación no puede limitarse a la concesión de una licencia. Hay que revisar toda la cadena: planeamiento, gestión urbanística, edificación y autorizaciones, para que los procedimientos sean lo más ágiles posible.
Después hacen falta políticas de vivienda que busquen un equilibrio entre dos dimensiones: la vivienda como activo económico y como derecho humano. Es el único activo que reúne esas dos vertientes de una manera tan clara. Si se legisla mirando solo una de ellas, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al perseguido. Hay que encontrar un punto de encuentro y, sobre todo, trabajar con evidencia científica.
Por ejemplo, las políticas de contención de rentas pueden moderar los precios, pero también generan efectos secundarios. En Cataluña se observa cierta contención, pero la oferta disminuye y los propietarios pueden seleccionar todavía más a los inquilinos. Quienes están en una situación vulnerable terminan teniendo más dificultades para entrar en el mercado. Desde mi punto de vista, la experiencia internacional obliga a tener en cuenta esos efectos antes de adoptar medidas semejantes. No basta con aprobar una intervención porque parezca razonable. Hay que estudiar qué ha sucedido allí donde se ha aplicado, qué resultados ha tenido y qué consecuencias no previstas puede producir. A veces las medidas se impulsan con una buena intención, pero eso no garantiza que sean eficaces.
—Entonces, ¿declarar Ibiza zona de mercado residencial tensionado no sería una buena medida?
—Yo creo que tal y como se ha planteado ahora. Todo depende de conocer dónde está la tensión, dónde están los problemas de asequibilidad, si es un municipio. Con datos, eso siempre está bien, saber un poco el umbral de accesibilidad, cuánto destinas de tu salario al pago de la hipoteca, del alquiler, etcétera. Pero si tú utilizas esta zona tensionada, ahora todas estas políticas intervencionistas, pues ahora te controla el alquiler, ahora te controla la actualización de la renta, ahora si llegan los cinco años, como es una zona tensionada, podrás prorrogar forzosamente, si quieres, el contrato de alquiler.Esto al final tiene sus efectos contrarios.
Por lo tanto, tal y como está configurado ahora, pues no, pero eso no quita que conocer todas las variables de accesibilidad, de equidad, etcétera, que se asocian a estas zonas, eso está bien. Tienes que saber un poco dónde se concentra el problema para actuar.
Caso Malta: posibilidad de restringir determinadas compras
—¿Debería restringirse la compra de viviendas para segundas residencias?
—En Cataluña hay proposiciones, en el Parlamento de Cataluña, hay como un runrún, hay un texto ya articulado, que precisamente limita eso, limita en esas zonas tensionadas de casi toda Cataluña que tú puedas adquirir una vivienda si no es para vivir ahí, o para alquilarla con condiciones de renta, etcétera. Tenemos ahí el Consejo de Garantías Estatutarias, que es como un órgano consultivo, que ya expresó —y yo estoy de acuerdo— dudas de constitucionalidad. De hecho, hay un reglamento europeo que sí crea un marco precisamente para esto, para limitar un poco que se compren viviendas que no sean para vivir ahí. Entonces, lo que dice ahí es que para adoptar o implementar medidas de este tipo tiene que estar muy justificado.
¿Por qué vamos a impedir que un noruego compre aquí en Ibiza? Pues tienes que demostrar que esas adquisiciones de segundas residencias están teniendo un impacto real en el mercado inmobiliario, en el mercado de compraventa, en el mercado de alquiler, gentrificación, expulsión de los locales, etcétera. Entonces, tienes que tener un estudio muy minucioso, detallado, para que esa medida sea proporcional, porque al final estás limitando también el derecho de propiedad. Y directamente también la libertad de empresa.
Ahora bien, sí que es verdad que, planteándose estas dificultades, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, yo creo que podría Ibiza, gracias a su insularidad, intentar establecer a nivel europeo, habilitar o implementar esas restricciones con aval europeo. De hecho, Malta ya tiene restricciones de este tipo, que negociaron cuando entraron en la Unión Europea. De modo que, si se justifica realmente el impacto que pueden tener esas adquisiciones por parte de extranjeros, esas residencias en el conjunto de la isla, quizás se podría a nivel político intentar negociar una excepción para Ibiza, en algunas zonas un poco concretas también.
Viviendas vacías y presión del alquiler turístico
—¿La solución es construir más o aprovechar mejor lo que ya existe?
—Yo creo que las dos cosas. Porque la vivienda vacía, primero hay que cuantificarla. Es decir, hay que aprovechar lo que ya está construido, sobre todo hay que mirar la vivienda vacía, pero hay que hacer un estudio. Tenemos el estudio del INE, de 2021, pero luego hay que hacer estudios minuciosos, pues a lo mejor con visitas presenciales, buscando datos de electricidad, gas, agua, etcétera, para primero verificar que está vacía. Y luego también los motivos por los cuales está vacía.
—¿Y cómo se puede hacer que estas viviendas pasen al mercado residencial?
—Hay que identificar las problemáticas de las viviendas, intentar que estas vayan al mercado residencial. Y luego construir, pues yo creo que también es necesario. Es decir, con el crecimiento, con la presión que hay en temas de vivienda, yo creo que las dos alternativas son válidas. La idea es tener vivienda asequible para cada parte de la población y construir.
Si se construyen estas viviendas de precio limitado, puedes enfocarlas a residentes en la isla, y por tanto favorecer por esa vía el acceso de estas personas y también, al mismo tiempo, movilizar esa vivienda que puede ser una residencia. Tienes que intentar incentivar lo mismo. Si tú solo vienes en verano, pues déjamelo el resto del año. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen profesores. Las administraciones las pueden gestionar.
—Y en este escenario, ¿qué responsabilidad tienen los alquileres turísticos y de temporada?
—La literatura científica sí que acredita que existe, en general, cierto impacto en el mercado de alquiler residencial. Lo que pasa es que la evidencia muestra que no siempre es un impacto en todo el ámbito municipal. Por ejemplo, en Barcelona sí que hay algún estudio que acredita cierto impacto, pero es en una zona concreta de la ciudad. Igual que en Madrid sería Madrid-Centro.
Entonces hay que ir con cuidado porque, por ejemplo, Barcelona, que tiene congeladas las licencias desde 2014, pero las rentas han subido un 70%. De hecho, en Cataluña, desde 2023 se han congelado las licencias y la ley dice que, para que se concedan de nuevas, los ayuntamientos tienen que modificar el planeamiento urbanístico. ¿Qué pasa? Que no lo ha hecho nadie.
Entonces, hay que hacer un estudio del impacto de la vivienda turística en el mercado residencial de alquiler, ver las zonas donde realmente puede existir ese impacto y, cuando ya tienes ese estudio, tú puedes ya limitar las licencias para que se desplace esa actividad en otros sitios. Pero prohibir por prohibir tampoco soluciona nada. Sí que tienes que controlar las que son ilegales, porque no tienen la licencia correspondiente, eso está claro. Y las que ya están, pues tienes que acreditar a ver cuál es el impacto.
Si tú lo que haces es simplemente eliminar las licencias, lo que tú buscas es que estas viviendas vuelvan al mercado de alquiler residencial. Pero si precisamente muchos de estos propietarios tienen alquiladas a turistas las viviendas porque huyen de ese mercado de alquiler muy intervenido. Y si tú le quitas la licencia, ¿qué va a hacer?, ¿lo va a alquilar? Seguramente no. ¿Por qué? Porque esa inseguridad jurídica, ese ecosistema legal, no ayuda. Entonces, si no tengo garantías, pues lo vendo o lo mantengo vacío. O hago otra cosa.
Son intervenciones quirúrgicas y sobre todo medidas e incentivos. Porque tú lo que buscas es que vayan esas viviendas al mercado residencial. Luego puedes jugar con el tipo impositivo, como por ejemplo dar ese incentivo fiscal si tú alquilas para uso residencial en lugar de a turistas.
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