El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes de forma inicial el reglamento que regulará la entrada de operadores privados en el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un texto que mantiene el control de la administración pública sobre los precios que podrán cobrar las nuevas estaciones autorizadas. Así lo ha trasladado la institución insular en una nota de prensa difundida tras la sesión plenaria.
Competencia sí, precios libres no
La fórmula que defiende el equipo de gobierno permite «inspecciones privadas, pero siempre con control de la administración pública y con control de precios», según el comunicado oficial. El consejero de Gestión del Territorio, Lucha contra el Intrusismo, Infraestructuras Viarias y Movilidad, Mariano Juan, ha resumido el objetivo del nuevo modelo: «Lo que queremos es evitar que haya ibicencos haciendo cola en el ITV, lo que queremos son muchas ITVs dando servicio a los ibicencos, que aporten competencia y libertad de elección a los usuarios».
El detalle del control tarifario es relevante porque acota una de las principales advertencias lanzadas hasta ahora por la oposición, que sitúa el precio medio de la inspección en torno a los 37 a 40 euros en comunidades con modelo liberalizado, frente a los 24 euros que se pagan actualmente en la estación pública de Santa Gertrudis.
La demanda ha crecido más de un 30 %
El reglamento llega ante un servicio que arrastra un cuello de botella prolongado. Según los datos aportados por el Consell, la demanda de la ITV en Ibiza ha aumentado más de un 30 % en los últimos años, una presión que la única estación pública fija no consigue absorber pese a los refuerzos sucesivos.
La nota institucional encuadra el reglamento como el paso necesario para incorporar un modelo adicional, después de que las medidas tradicionales —ampliar plantilla, sumar líneas móviles, frenar el absentismo— no hayan bastado para acortar las listas de espera.
Cinco mecánicos y un segundo ITV móvil
El Consell ha enumerado las actuaciones ya en marcha para descongestionar el servicio. Entre ellas figuran las unidades móviles, con la segunda ITV móvil habilitándose actualmente en Sant Antoni, la contratación de cinco mecánicos y la implantación del pago previo obligatorio para reservar cita, una medida pensada para combatir el elevado absentismo en las citas reservadas.
Pese a este paquete, la institución sostiene que el escenario obliga a abrir un cauce adicional: el de las estaciones de titularidad privada operando bajo autorización administrativa, una figura que hasta mayo de 2024 no estaba contemplada en la normativa autonómica balear.
Ahora se abre el período de consulta
La aprobación de este viernes es inicial, no definitiva. Activa el período de audiencia, la consulta a las administraciones afectadas y el trámite de información pública, durante el cual se recogerán aportaciones antes de que el texto vuelva al pleno para su validación final.
El reglamento fija el marco normativo y las condiciones que deberán cumplir las estaciones autorizadas para prestar el servicio, en línea con la legislación autonómica vigente y las competencias propias del Consell en materia de inspección técnica de vehículos.
El precio, eje de la batalla política
La cuestión tarifaria ha sido el principal frente abierto por la oposición, que ya advirtió en la víspera del pleno de un encarecimiento del servicio bajo el nuevo modelo. PSOE e Izquierda Unida Podemos habían calificado la reforma como una «privatización al 100 %», una etiqueta que la institución insular busca neutralizar precisamente con el argumento del control público de precios.
El texto no concreta tarifas. La fijación de los precios máximos quedará pendiente de una decisión posterior del Consell, que deberá ajustarlos a los costes del servicio y al IPC de Ibiza. Hasta entonces, el debate sobre cuánto pagará el conductor por pasar la ITV en Ibiza seguirá abierto.
