Quince días a la deriva, bebiendo agua salada para no morir de sed y viendo cómo cuatro de sus compañeros fallecían en la travesía. Así sobrevivieron los tres adolescentes rescatados el pasado viernes a 35 millas de Menorca, que llegaron a tierra en estado crítico y sin poder sostenerse en pie. “Dos de ellos ni siquiera podían caminar”, relató la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés, al describir la escena.
Los jóvenes, procedentes de Nigeria, Camerún y Mali, habían partido rumbo a Europa en una patera que quedó a la deriva durante más de dos semanas. Cuando Salvamento Marítimo los rescató, estaban extremadamente débiles y deshidratados, tras haber sobrevivido sin comida ni agua potable.
“Son traumas que marcarán su vida para siempre”
Tras pasar por el hospital Mateu Orfila —donde uno de los adolescentes tuvo que ser reingresado de urgencia— los tres menores fueron derivados a la Casa de la Infancia de Maó, donde reciben apoyo psicológico permanente. “Su estado físico es delicado y el psicológico muy preocupante”, admitió Reynés, quien insistió en que estos traumas marcarán su vida por siempre.
La Fiscalía investiga ahora su edad para confirmar si pasarán a estar bajo tutela oficial del Consell insular. De ratificarse, residirán en el centro de acogida de la isla, que ya funciona al límite de su capacidad.
Capacidad de acogida al borde del colapso
El rescate de estos adolescentes ha desbordado la infraestructura de acogida en Menorca, que suma 24 plazas entre la Casa de la Infancia y un piso cedido por el Fons Menorquí de Cooperació. Hoy, 21 camas ya están ocupadas.
La llegada de los tres nuevos migrantes obligó al Consell a reforzar el personal con dos efectivos más, aunque la consellera advirtió de la dificultad para encontrar profesionales especializados. “Nos vemos obligados a incrementar recursos, pero no tenemos la financiación suficiente”, lamentó.
Exigen declarar la contingencia migratoria
En paralelo, Reynés volvió a reclamar al Gobierno central que declare la contingencia migratoria en Baleares y suspenda el reparto de menores entre las islas hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados.
También pidió la intervención de Frontex para reforzar el control de las fronteras, denunciando que la financiación prevista por el Ejecutivo —limitada a tres meses— “no permite garantizar una acogida digna”.
