El Govern balear solicitará a la justicia la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, de los que el archipiélago debería acoger a 49 tras la orden que el Gobierno prevé dictar el próximo martes.
Así lo anunció la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida este jueves con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, en la que se acordó diseñar una estrategia legal común para frenar la medida, cuyo inicio está previsto para el 28 de agosto.
Prohens recordó que el Tribunal Constitucional ya admitió a trámite en marzo el recurso presentado por el Ejecutivo balear contra la modificación de la ley de extranjería, que habilita el reparto de menores no acompañados. En esa línea, adelantó que también impugnarán el real decreto del 22 de julio que regula el procedimiento de acogida, así como la nueva resolución que el Gobierno aprobará la próxima semana para ponerlo en marcha.
La presidenta defendió la petición de suspensión cautelar alegando la saturación extrema de los sistemas de acogida. Actualmente, Baleares atiende a 680 menores extranjeros no acompañados, más de 300 llegados en lo que va de año, lo que implica una sobresaturación superior al 1.000% en los centros.
Prohens advirtió de que la presión migratoria no cesará: «Los propios menores explican al llegar que en Argelia hay centenares esperando para embarcar en los próximos meses».
Y lanzó un mensaje contundente: «Aquí ya no les podemos acoger en condiciones de dignidad. No hay medios, no hay profesionales, no hay centros. Posiblemente nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca».
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