La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en su último conflicto con Hacienda por los impuestos del año 2011. El tribunal ha determinado que la Agencia Tributaria no ha podido probar que la cantante pasara en España el tiempo mínimo que exige la ley para obligar a una persona a pagar sus impuestos en el país. Al no demostrarse que fuera residente fiscal ese año, los jueces han anulado todas las multas y reclamaciones de dinero que le exigía el fisco español.
Este fallo pone fin a un conflicto jurídico que se ha extendido durante casi diez años. La decisión del tribunal supone una rectificación en toda regla a los criterios aplicados por la Inspección de Hacienda, al establecer que las sanciones impuestas carecían de sustento normativo.
Tras conocerse el dictamen, la intérprete ha emitido un comunicado público en el que defiende su inocencia originaria y critica el uso público e instrumental que, a su juicio, las instituciones fiscales hicieron de su proyección internacional.
El límite de los 183 días y la agenda internacional
Para que Hacienda considere a una persona como residente de España y la obligue a pagar impuestos, se debe pasar más de la mitad del año (183 días) dentro del país. Si se pasa menos tiempo, no pueden exigir ese dinero.
En 2011, Shakira estuvo inmersa en una enorme gira internacional con 120 conciertos en 37 países, lo que la mantuvo viajando constantemente. De hecho, las dos posturas estaban por debajo del límite legal: la cantante afirmaba haber estado en España solo 143 días, mientras que Hacienda aseguraba que fueron 163 días.
Los jueces destacan que, incluso si se acepta el cálculo de Hacienda (163 días), no se llega al mínimo de 183 días que exige la ley. Además, el tribunal ha rechazado el argumento del fisco de que los viajes de la artista eran simples «escapadas temporales».
Sin intereses económicos ni arraigo familiar en España
La sentencia también analiza de forma minuciosa dónde se situaba el centro de los negocios de la artista: los jueces descartan que la base de sus intereses económicos radicara en España, confirmando que el entramado societario y el desarrollo principal de sus ingresos se localizaban fuera de las fronteras españolas. De este modo, queda desestimada la pretensión de la AEAT de vincular el patrimonio global derivado de su actividad musical con el erario público nacional.
En el plano personal, el tribunal matiza que el inicio de su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué durante ese periodo no constituía un factor de arraigo suficiente para presumir una residencia fiscal obligatoria. Los magistrados recuerdan que en 2011 la contribuyente no tenía vínculos matrimoniales directos ni descendencia residiendo en el país.
Según las alegaciones que siempre ha sostenido la investigada, su establecimiento definitivo en la capital catalana no se consolidó de manera permanente hasta finales del año 2014.
Una cuantiosa devolución y condena en costas
Como consecuencia directa de la anulación de las liquidaciones, el Estado se ve obligado a restituir una suma superior a los 55 millones de euros. Este montante desglosa la devolución de 24 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una sanción por infracción calificada como muy grave de casi 25 millones, y algo más de 5 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio y su respectiva multa. A estas cantidades fijas se les deberán añadir los intereses de demora devengados a lo largo de los años de litigio.
Un elemento procesal relevante ha sido la condena al pago de las costas del juicio impuesta a la Administración pública. Este tipo de medidas judiciales se aplica únicamente de forma excepcional en la jurisdicción contencioso-administrativa, reservándose para aquellos escenarios en los que los tribunales aprecian una falta de fundamento jurídico sólido en el proceder de los organismos del Estado.
Con esta resolución, la artista desvincula este expediente de los acuerdos de conformidad que aceptó en 2023 para los ejercicios posteriores.
La reacción de Shakira: «La Justicia ha puesto las cosas en su sitio»
Tras conocerse el fallo, la cantante ha mostrado su satisfacción a través de un comunicado difundido en redes. Shakira ha asegurado que «nunca existió ningún fraude fiscal» y que la Agencia Tributaria jamás pudo demostrarlo porque, sencillamente, la acusación «no era real».
La artista también ha denunciado públicamente el trato recibido durante estos años. Ha afirmado que se la juzgó como culpable desde el principio y que se utilizaron los detalles de su proceso en los medios para lanzar un mensaje de aviso al resto de los ciudadanos.
