El Consell Insular de Ibiza ha ordenado el cierre cautelar del centro de acogida Can Dog, ubicado en Sant Joan de Labritja, tras detectar irregularidades reiteradas en materia de bienestar y sanidad animal. La decisión llega después de varias inspecciones del Servicio de Veterinarios y de las denuncias presentadas por particulares y entidades animalistas.
Fuentes de la institución insular explicaron que el pasado viernes se notificó oficialmente al responsable del centro que dispone de siete días para devolver los animales a sus propietarios. En aquellos casos en que no sea posible, el Consell asumirá la custodia de los ejemplares. Desde la administración insular insistieron en que «en ningún caso se abandonará ni sacrificará a ningún animal».
Las inspecciones realizadas desde el mes de junio —un total de seis— han permitido comprobar deficiencias persistentes en el funcionamiento de Can Dog. En la última visita, efectuada la pasada semana, los técnicos confirmaron que no existía un riesgo inminente para la vida de los animales, aunque sí constataron que continuaban las mismas irregularidades detectadas meses atrás, según Diario de Ibiza.
Ante la falta de mejoras, el Consell ha resuelto dar de baja al centro del registro de núcleos zoológicos, prohibir la entrada de nuevos animales y establecer un plazo de siete días para el desalojo total de los que permanecen en las instalaciones. Desde el Departamento de Medio Rural y Marino subrayan que estas medidas buscan proteger a los animales y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la isla.
Las denuncias
La organización Pacma, a través de su coordinador en Ibiza, Olivier Hassler, recordó que Can Dog «lleva más de tres décadas acumulando denuncias e informes por presunto maltrato sin que se haya actuado con la eficacia necesaria».
Según explicó, los animales permanecían en condiciones de suciedad, miedo y abandono, y en las instalaciones se habían producido incluso ataques entre perros potencialmente peligrosos. Hassler añadió que «algunos animales no recibían comida ni agua con regularidad y existen denuncias por la muerte de mascotas tras permanecer allí unos días».
El representante de Pacma trasladó también el caso a la Delegación del Gobierno en Baleares, advirtiendo de que la situación suponía un problema de seguridad ciudadana.
Los problemas de gestión del centro no son nuevos. Ayuntamientos como el de Santa Eulària des Riu ya habían decidido romper el contrato con Can Dog, que tenía adjudicado el servicio de recogida, acogida y adopción de animales abandonados. El consistorio rescindió el acuerdo tras detectar incumplimientos reiterados y «falta de garantías en la atención a los animales», según confirmaron fuentes municipales.
