La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza y Formentera ha denunciado la “inacción y mala gestión” por parte de la gerencia del GSAIB (Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares), del Servei de Salut y de la Conselleria de Salud, encabezada por la consellera Manuela García. Según el sindicato, las promesas incumplidas y la falta de medidas efectivas siguen afectando gravemente al transporte sanitario y al personal sanitario de las Pitiusas.
UGT recuerda que el pasado 15 de octubre, la consellera y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, anunciaron la llegada de 246 nuevos vehículos sanitarios para toda la comunidad, asegurando que la flota estaría renovada en noviembre, tras haber retrasado ya el proceso desde septiembre. Sin embargo, esta semana informaron de un nuevo aplazamiento: las ambulancias no circularán hasta diciembre, argumentando que muchos de los vehículos “aún se están fabricando en Galicia”.
El sindicato considera que esta nueva demora evidencia “improvisación, mala gestión e incumplimiento grave de los compromisos”, advirtiendo que la situación “pone en riesgo tanto a los profesionales como a los pacientes”.
El recurso operativo LIMA, “una promesa pendiente”
Desde el GSAIB se ha comunicado que próximamente se pondrá en marcha el recurso operativo LIMA, una unidad ya activa en Mallorca y Menorca. UGT ha reclamado en repetidas ocasiones su implantación en Ibiza y Formentera, y confía en que “no se quede en otra promesa incumplida”, dado que su puesta en marcha “mejoraría la operatividad y reforzaría la atención de emergencias”.
El secretario del sindicato en las Pitiusas, Nadal, destacó como un avance positivo que, en esta ocasión, el GSAIB y el SAMU 061 estén dispuestos a negociar los requisitos de acceso al LIMA con la parte social, lo que “garantizaría igualdad de oportunidades para toda la plantilla”, aunque matizó que esperan que no se trate de “otra promesa vacía”.
Denuncias por acoso laboral y discriminación
UGT también ha denunciado la situación laboral en el GSAIB en las Pitiusas, donde diez técnicos de emergencias sanitarias han presentado denuncias por acoso laboral, trato vejatorio y comentarios homófobos atribuidos a la responsable del servicio en las islas.
Aunque la Conselleria de Salud informó de la apertura de una investigación interna, el sindicato asegura que no se han adoptado medidas cautelares para proteger a los trabajadores afectados. “Por la información que tenemos, habrá más denuncias en los próximos días, debido al ambiente hostil y de tensión que se vive en el servicio”, advierte UGT.
Un 80% de la plantilla no puede conducir las nuevas ambulancias
Otro de los problemas señalados por el sindicato es que el 80% del personal del transporte sanitario programado no puede conducir los nuevos vehículos, ya que estos requieren el carnet C debido a su peso de 4.000 kilos.
La consellera García ha atribuido esta situación al anterior gobierno, pero desde UGT califican el argumento de “ridículo”, recordando que la actual administración “ha sido la responsable del diseño y adquisición de los vehículos”.
Además, el sindicato denuncia que las modificaciones improvisadas en las ambulancias —como la eliminación de rampas hidráulicas, la reducción de asientos o la supresión de dispositivos ergonómicos y de seguridad— podrían tener consecuencias graves para la seguridad de trabajadores y pacientes, además de generar un sobrecoste económico para las arcas públicas.
“No se cuenta con los profesionales”
UGT reclama acciones inmediatas y mayor diálogo con la parte social, exigiendo a la consellera García que “deje de actuar unilateralmente” y convoque una mesa de negociación con los representantes del sector.
“No se contó con los profesionales para el diseño de los vehículos, no se les consulta sobre la eliminación de mecanismos esenciales ni sobre las medidas formativas necesarias. Si esto continúa así, el error del diseño será pequeño comparado con las consecuencias de no contar con la experiencia del personal”, advirtió el sindicato.
UGT insiste en que la falta de planificación está generando sobrecostes, tensión laboral y riesgos en la atención sanitaria. “La improvisación y la falta de seriedad se están pagando con dinero público y con la salud de los trabajadores y los pacientes”, concluyó la organización.
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