El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha entrado de lleno en el debate abierto por la acumulación de cerca de 10.000 solicitudes de licencias que amenazan con alterar el actual modelo de movilidad en Baleares. El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal Andrade, ha rechazado un crecimiento descontrolado del sector, pero ha acusado al Govern de Marga Prohens de legislar “de la mano del sector del taxi”.
En declaraciones a Onda Cero, Berzal ha afirmado que el Ejecutivo autonómico es consciente del desequilibrio entre oferta y demanda de transporte, tanto para residentes como para turistas, y ha advertido de que la situación “se puede complicar mucho”. A su juicio, el Govern no actuó “en tiempo y forma”, lo que ha desembocado en la actual incertidumbre jurídica.
Este escenario viene marcado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que obliga al Govern a tramitar 600 licencias VTC denegadas en 2022. Una resolución que podría extenderse al conjunto de las más de 10.000 solicitudes acumuladas, de las que unas 3.500 corresponden a Mallorca y cerca de 6.500 a Ibiza.
Berzal ha defendido que la denegación de esas autorizaciones incumplía la normativa española y europea, y ha subrayado que el problema se originó al no prever que numerosos empresarios solicitaran licencias ante un marco legal restrictivo. No obstante, ha insistido en que su organización tampoco respalda una concesión masiva de autorizaciones.
Desde Unauto VTC defienden que el sector debe complementar al taxi y al transporte público, no sustituirlos, y apuestan por un modelo profesionalizado y alejado de la especulación. En este sentido, Berzal ha propuesto un marco de convivencia similar al existente en comunidades como Madrid o Andalucía, adaptado a la singularidad balear.
En la actualidad, Baleares cuenta con 2.529 taxis y 739 VTC, mientras la Ley 1/2024 mantiene paralizada la concesión de nuevas licencias hasta la aprobación de un reglamento específico, aún en tramitación. El sector del taxi considera las solicitudes una “hecatombe”, y el Govern insiste en que las tramitará con seguridad jurídica, aunque descarta aprobarlas en bloque.
