El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha rechazado suspender de forma cautelar el decreto autonómico que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones de uso privado. Esta práctica, conocida como ‘Airbnb náutico’, ha sido legalizada por el Gobierno central, pero cuenta con la oposición frontal del Govern balear, que la vetó el pasado mes de agosto.
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La medida cautelar fue solicitada por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de la Lista Séptima, que recurrió el decreto 44/2025, aprobado el 1 de agosto, y cuyo artículo 3.3. impide el alquiler de embarcaciones de uso particular, aunque cuenten con la autorización temporal de cambio de uso a comercial otorgada por Marina Mercante, un organismo dependiente del Estado.
El interés público prevalece, según el Tribunal
En su resolución fechada el 8 de enero, el TSJB desestima aplicar la suspensión cautelar al considerar que no se cumplen los requisitos jurídicos para ello.
«Para aplicar una suspensión de estas características es preciso que la norma impugnada haya sido previamente declarada nula o que los actos que se impugnan sean idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados», sostiene la Sala, según recoge esta mañana Última Hora.
Además, el tribunal argumenta que el único perjuicio que podría derivarse para los demandantes es de carácter económico, es decir, la pérdida de ingresos por no poder alquilar sus embarcaciones. En ese caso, el TSJB considera que ese daño podría resarcirse con una indemnización, en caso de que el fondo del recurso acabara tumbando la prohibición autonómica.
«En todo caso, los perjuicios son insuficientes para contrarrestar el potente interés público ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general», concluye el auto.
La decisión del tribunal no cierra la vía judicial, ya que se limita a rechazar la suspensión provisional de la norma. El TSJB aún no ha entrado a valorar el fondo del recurso, que continuará su tramitación en los próximos meses.
Un decreto polémico, con varias impugnaciones
El Govern balear aprobó el pasado verano el decreto de la náutica balear con el objetivo explícito de impedir que se extienda el modelo del ‘Airbnb náutico’ en las islas, una posibilidad que había quedado abierta tras la legalización por parte del Ejecutivo central.
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Además de la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de la Lista Séptima, otros actores han llevado el decreto a los tribunales. Entre ellos, el propio Gobierno de España, que ha presentado un contencioso-administrativo alegando que la norma autonómica invade competencias estatales.
lPor su parte, e director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha explicado que el recurso no ha sorprendido al Ejecutivo balear. “Nos esperábamos este recurso. Ya nos habían avisado. Lo que no entendemos es la obsesión del Estado con esta normativa, ahora menos que nunca”, ha afirmado.
También ha interpuesto una demanda la plataforma listaseptima.com, uno de los principales portales que comercializan este tipo de alquileres turísticos.
Seguridad, sostenibilidad y sanciones
Desde la Conselleria de la Mar y Ciclo del Agua, han defendido la normativa, al igual que la patronal del chárter náutico. Ambos coinciden en señalar que el alquiler turístico de embarcaciones privadas sin garantías suficientes representa un riesgo para la seguridad marítima y tiene impactos negativos en el medio ambiente.
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Además, el Govern ha advertido a los propietarios de la lista séptima que disponen de amarres en puertos públicos de Baleares: si comercializan sus embarcaciones con fines turísticos, pueden perder el derecho de amarre.
Por normativa, todas las embarcaciones alquiladas para uso turístico deben contar con un lugar adecuado de embarque de pasaje, algo que muchas de estas operaciones no garantizan, según argumenta el Ejecutivo autonómico.
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