La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga un fraude fiscal de 163 millones de euros en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según explicó su directora, Soledad Fernández, ante la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’, se han detectado irregularidades en contratos públicos en los que empresas adjudicatarias aplicaron IVA indebido, pese a que los productos estaban exentos de este impuesto.
Aunque la Agencia Tributaria ha abierto expedientes y sigue investigando, su directora reconoció que no puede garantizar que el dinero se recupere en su totalidad.
Errores en la aplicación del IVA en mascarillas
La AEAT detectó que algunas empresas aplicaron IVA del 21 % a las mascarillas cuando ya se había reducido al 4 % o al tipo cero. Este problema se generó en un contexto de confusión normativa en los primeros meses de la pandemia.
Algunas empresas corrigieron el error ajustando sus declaraciones fiscales, mientras que otras no lo hicieron, lo que ha obligado a la inspección tributaria a intervenir.
Fernández explicó que en 2021 se implementó un programa de control para analizar la tributación de los contratos de mascarillas y determinar posibles incumplimientos fiscales.
¿Se podrá recuperar el dinero?
El Partido Popular denunció que el fraude fiscal alcanzaría los 163 millones de euros. Sin embargo, la directora de la AEAT subrayó que la cifra aún está en proceso de comprobación y que el caso no puede prescribir mientras esté en curso la investigación.
“Que lo vayamos a recuperar no se lo puedo garantizar, ojalá pudiésemos”, declaró ante el Senado.
Fernández rechazó las acusaciones de dejadez del Gobierno y defendió que tanto Hacienda como la Agencia Tributaria siguen investigando activamente.
Un nuevo escándalo vinculado a la compra de mascarillas
Este caso se suma a otras irregularidades en contratos públicos relacionados con la compra de mascarillas, un asunto que sigue bajo la lupa judicial y política. La investigación de la AEAT será clave para determinar el alcance del fraude y la posibilidad de recuperar los fondos públicos afectados.
