La exclusión social afecta ya a más de 32.000 personas en Ibiza, el 20,4% de la población, según el Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social presentado este jueves por Cáritas. El estudio alerta de un modelo social cada vez más vulnerable, marcado por la crisis de la vivienda, la precariedad residencial y la inestabilidad laboral, en una isla donde incluso tener empleo no garantiza una vida digna.
El informe, elaborado a partir de una encuesta realizada en 2024 en 359 hogares de Ibiza, sitúa a la isla en una posición más desfavorable que la media de Baleares y del conjunto de España. Mientras que en el archipiélago el porcentaje de población en exclusión social es del 19% y en el Estado del 19,3%, en Ibiza la cifra supera el 20%. A ello se suma un dato especialmente preocupante: el 43,3% de la población vive en situación de integración precaria, muy por encima de los registros autonómicos y nacionales.
La vivienda en Ibiza se consolida como uno de los principales factores de exclusión. El informe califica de “crítica” la dimensión social del problema habitacional y señala que el 33% de la población sufre exclusión residencial. El fuerte encarecimiento del alquiler y de la compra de vivienda, unido al peso del alquiler turístico, ha reducido de forma drástica la oferta de viviendas para residentes y trabajadores, convirtiendo el acceso a un hogar estable en un “sueño inalcanzable”.
A esta situación se suma el elevado número de viviendas vacías o de uso esporádico. En Vila, el 10,2% del parque residencial permanece vacío, una proporción que se eleva de forma notable en otros municipios como Sant Joan, Santa Eulària, Sant Josep o Sant Antoni. En este contexto, muchas personas se ven obligadas a aceptar condiciones habitacionales inadecuadas, recurrir a redes familiares o directamente abandonar la isla.
El estudio estima que cerca de 10.000 hogares viven en situación de vivienda insegura, marcada por la incertidumbre sobre la continuidad en el alojamiento, y que alrededor de 19.000 personas residen en viviendas inadecuadas, ya sea por problemas estructurales, falta de suministros básicos o hacinamiento.
Uno de los aspectos más significativos del informe FOESSA es que la exclusión social no siempre va ligada a la pobreza económica. De hecho, el 58,3% de las personas en exclusión en Ibiza no se encuentra en riesgo de pobreza monetaria, y la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en un relativamente bajo 10,1%. El informe dibuja así un escenario en el que miles de personas, aun teniendo ingresos, no logran cubrir necesidades básicas como la vivienda.
La exclusión social en Ibiza afecta con especial intensidad a la población extranjera y a los hogares unipersonales. En torno a un tercio de las personas de nacionalidad u origen extranjero se encuentra en situación de exclusión, el doble que entre la población de origen español, aunque esta brecha es menor que la registrada en Baleares y en el conjunto del Estado.
El mercado laboral, caracterizado por la estacionalidad y la inestabilidad, agrava este escenario. Aunque el empleo se ha recuperado tras la pandemia, el crecimiento de los salarios no ha sido suficiente para compensar el aumento del coste de la vida. La exclusión vinculada al empleo afecta al 18,4% de la población ibicenca, una cifra muy superior a la media autonómica y estatal.
El informe concluye que la falta de respuestas estructurales, especialmente en materia de políticas de vivienda, está debilitando la cohesión social de Ibiza y comprometiendo el futuro de la población residente.
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