El Congreso de los Diputados ha rechazado incluir una excepción al uso del tacógrafo para las islas menores de 850 kilómetros cuadrados, lo que supone un varapalo para Ibiza, Menorca y otras islas del archipiélago balear y canario. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada definitivamente el pasado jueves tras el trámite en el Senado, no contempla esa exención, pese a las reiteradas demandas del sector del transporte.
La única excepción vigente se mantiene en Formentera, donde desde 2022 no es obligatorio el uso del tacógrafo, al igual que en Ceuta y Melilla.
Esta condición se aplica porque la isla balear tiene una superficie inferior a los 250 kilómetros cuadrados, límite que marca actualmente el Ministerio de Transportes, pese a que la normativa europea permite excepciones para islas de hasta 2.300 km².
El Congreso ignora las demandas del sector
La enmienda rechazada planteaba incorporar como excepción las islas de menos de 850 km², lo que hubiera afectado directamente a Ibiza, Menorca, Lanzarote, La Palma y La Gomera.
El objetivo, según argumentaron las asociaciones del sector, era eliminar cargas burocráticas injustificadas en territorios donde el uso del tacógrafo no tiene una finalidad real de control, debido a las cortas distancias de los trayectos.
Desde Fenadismer, la federación de asociaciones de transportistas, se ha expresado una «gran indignación» por el rechazo del Congreso a la medida, al considerar que se ha perdido una oportunidad de adaptar la normativa a la realidad insular.
“El uso del tacógrafo solo sirve para generar dificultades burocráticas e inversiones innecesarias en islas tan reducidas, sin que haya incumplimientos significativos”, señalan.
La propuesta solo contó con el respaldo de PP, ERC, UPN y una diputada de Vox, mientras que el PSOE, la mayoría del grupo Vox, Sumar, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y Compromís votaron en contra. El diputado del BNG se abstuvo.
El sector exige una revisión urgente
Desde la CETM, la principal patronal del transporte en España, también se ha solicitado al Ministerio de Transportes una «revisión urgente» de los criterios actuales sobre tiempos de conducción y descanso, para adaptarlos a la realidad operativa del transporte insular y ajustarlos a lo permitido por la Unión Europea.
Además, el Congreso tumbó otra enmienda que exigía al Ministerio de Transición Ecológica fijar objetivos vinculantes sobre puntos de recarga para vehículos eléctricos ligeros y pesados en la vía pública.
Esta medida, rechazada por una mayoría similar, pretendía calendarizar hasta 2035 un número mínimo de infraestructuras de 300, 800 y 1.200 kW.
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