El Consell de Ibiza ha decidido dar un paso para cuantificar una de las principales incógnitas del mercado residencial de la isla: el número real de viviendas vacías. El presidente Vicent Marí ha presidido este lunes la Mesa de Diálogo Social, donde se anunció el encargo de un estudio para identificar cuántos inmuebles están sin uso y dónde se encuentran, en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y la presión sobre el mercado.
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Durante la reunión, en la que participaron sindicatos como UGT y CCOO y organizaciones empresariales como CAEB y PIMEEF, se abordaron cuestiones como la vivienda, la próxima temporada turística o el intrusismo.
El Consell subrayó que el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones compartidas por los agentes sociales y económicos de la isla, junto a medidas del Govern balear como la nueva ley de proyectos residenciales estratégicos o la previsión de unas 388 viviendas de protección oficial en Ibiza.
En este contexto, el vicepresidente primero y consejero de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, avanzó la iniciativa clave. El Consell ha encargado un estudio “para conocer con exactitud el número de viviendas vacías en la isla y dónde se encuentran”, ante la falta de datos precisos en la actualidad, con el objetivo de diseñar políticas que permitan movilizar estos inmuebles hacia el mercado residencial.
La decisión llega tras varios diagnósticos que apuntan a una paradoja estructural. Según el informe FOESSA de Cáritas, Ibiza afronta una grave crisis de acceso a la vivienda no por falta de inmuebles, sino por el elevado número de casas vacías o de uso esporádico, una situación que reduce la oferta disponible para residentes y trabajadores.
Los datos son especialmente significativos por municipios. En Sant Joan, el 35,5% de las viviendas no está habitado de forma permanente, mientras que en Santa Eulària el porcentaje alcanza el 26,7%, en Sant Josep el 21,4% y en Sant Antoni el 18,6%, cifras que reflejan la dimensión del problema en la isla. En Ibiza capital, el porcentaje se sitúa en el 10,2%.
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El informe también advierte de las consecuencias sociales. El 33% de la población —más de 50.000 personas— se encuentra en situación de exclusión residencial, con cerca de 10.000 hogares en vivienda insegura y unas 19.000 personas en condiciones inadecuadas, según los datos recogidos.
Con este escenario, el Consell busca ahora obtener una radiografía precisa. El objetivo es “cuantificar y conocer dónde está esta realidad” para impulsar medidas que permitan incorporar viviendas vacías al mercado y aliviar la tensión actual, una de las principales demandas sociales en Ibiza.
