De forma recurrente, las redes sociales y algunos foros digitales se inundan con una noticia que genera tantas esperanzas como dudas: la supuesta orden del Parlamento Europeo para que España deje de aplicar el IRPF a sus pensionistas. Según estas teorías, la Eurocámara consideraría ilegal la «doble tributación» de una prestación que el trabajador ya financió con sus cotizaciones.
Sin embargo, más allá de lo que se ha difundido en Internet, no existe a día de hoy un dictamen vinculante que obligue al Ejecutivo a eliminar este gravamen.
El argumento del «salario diferido»
El debate no es trivial: los defensores de la exención, incluyendo voces sindicales como la de Pepe Álvarez (UGT), sostienen que la pensión no es una subvención ni un regalo estatal, sino un salario diferido. Bajo esta premisa, el ciudadano ya cumplió con sus obligaciones fiscales durante décadas de vida laboral, por lo que la retención actual se percibe como un castigo injusto al ahorro forzoso.
Por su parte, la Agencia Tributaria mantiene una postura firme: las pensiones contributivas se catalogan legalmente como rendimientos del trabajo. Por ello, al igual que el sueldo de cualquier empleado en activo, deben contribuir al erario público según su cuantía, salvo casos excepcionales como la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta.
El «agujero» de 19.000 millones de euros
Para el Gobierno, la abolición del IRPF en las pensiones no es solo un debate jurídico, sino un problema de sostenibilidad financiera. Se estima que, si las prestaciones quedaran libres de impuestos, el Estado dejaría de ingresar cerca de 19.000 millones de euros anuales.
Actualmente, con un censo de más de 9,4 millones de pensionistas y una nómina mensual que supera los 14.000 millones de euros, el sistema depende en gran medida de estas retenciones para equilibrar las cuentas. Hacienda aplica una escala progresiva que castiga especialmente a las rentas más altas:
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Pensiones mínimas (hasta 18.000€ anuales): Soportan una retención casi simbólica del 1%.
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Pensiones máximas (más de 3.000€ mensuales): Pueden llegar a tributar hasta un 23%.
¿Quién sostiene la recaudación?
Los datos reflejan que Hacienda concentra su esfuerzo recaudatorio en el tramo superior de la pirámide. Aunque solo 474.000 personas cobran la pensión máxima (unos 3.300 euros brutos al mes), este grupo y el inmediatamente inferior generan el 61% de toda la recaudación por IRPF en este sector.
En contraste, la gran masa de jubilados (el 50% no llega a los 1.300 euros mensuales) apenas aporta el 8% del total recaudado. Esta distribución explica por qué cualquier reforma en la tributación de las pensiones es tratada con extrema cautela por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: el sistema es tan dependiente de las retenciones de las pensiones altas que una exención generalizada obligaría a una reestructuración profunda de los presupuestos públicos.
