La Audiencia Provincial de Palma ha avalado el procedimiento de emergencia utilizado por el Consell de Ibiza para contratar en 2020 la campaña turística “La Vida Islados”, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y ha acotado el objeto de la investigación a cuestiones posteriores a la adjudicación y a las coacciones denunciadas. El auto supone un punto clave en una causa que cuestionaba la legalidad de aquella adjudicación excepcional, según ha evaluado el Consell de Ibiza.
El tribunal considera ajustado a derecho el uso del contrato de emergencia, lo que debilita la principal acusación que dio origen al procedimiento. La denuncia inicial, presentada de forma anónima ante la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares, ponía el foco en un supuesto uso fraudulento de este mecanismo administrativo.
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Qué sigue investigándose
La Audiencia acuerda que el procedimiento continúe únicamente para esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato, así como para analizar las pruebas relativas a unas presuntas coacciones denunciadas. En este punto, el tribunal estima de forma parcial los recursos presentados por el PSOE y por María Antonia Tur.
El criterio de la Audiencia Provincial coincide con el del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza y con la Fiscalía, que ya se habían pronunciado a favor del archivo provisional de la causa. El juez instructor había señalado que la actuación del presidente del Consell se apoyó en informes técnicos y en decisiones que podían haber sido recurridas, algo que finalmente no ocurrió.
El origen del caso
El caso “La Vida Islados” se remonta a 2020, en plena paralización del turismo en Ibiza, cuando la isla permaneció semanas sin visitantes y con su principal motor económico detenido. La contratación de la campaña se enmarcó en ese escenario de emergencia, un extremo que ahora avala la Audiencia Provincial.
Aunque la causa no queda archivada de forma definitiva, el auto reorienta el objeto del procedimiento, tras validar la legalidad del contrato. La investigación continúa para revisar documentación posterior y las presuntas coacciones denunciadas
