La crisis de la vivienda ha llegado a las aulas. Cada vez son más los docentes que renuncian a plazas en Ibiza o descartan trasladarse a la isla ante la imposibilidad de encontrar un alquiler a un precio asequible.
Así lo han constatado sindicatos docentes, asociaciones de familias, alumnado, equipos directivos y profesorado en una jornada de trabajo organizada por la Federación Socialista de Ibiza, con la participación de la portavoz socialista de Educación en el Parlament balear, Amanda Fernández, y del diputado autonómico y secretario de Educación de la FSE-PSOE, Àlex Pitaluga.
La conclusión principal del encuentro es contundente: la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible está comprometiendo la calidad del servicio público educativo en la isla. El problema afecta especialmente al profesorado interino, sustituto o recién llegado, dificulta la cobertura de vacantes y provoca retrasos en las sustituciones, con consecuencias directas sobre la organización de los centros y la continuidad pedagógica del alumnado.
El caso más revelador de la jornada lo planteó uno de los representantes sindicales presentes: el próximo curso se marchará de Ibiza porque su nuevo contrato de alquiler sube de 1.200 a 2.000 euros mensuales. Un incremento del 67% que ilustra, en primera persona, la magnitud del problema.
¿Educación de calidad?
«El problema de la vivienda se ha convertido en una amenaza para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Si los profesionales no pueden vivir en Ibiza, no podremos garantizar una educación de calidad ni una escuela pública con los recursos humanos que necesita», advirtió Amanda Fernández.
Por su parte, Àlex Pitaluga señaló que «la dificultad para cubrir plazas, especialmente en determinadas especialidades, está directamente relacionada con el encarecimiento de la vivienda y del coste de vida. Necesitamos medidas específicas para que los profesionales esenciales puedan establecerse en la isla».
El PSOE aprovechó la jornada para reclamar al Govern del PP la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, que permite limitar los precios del alquiler, y criticó que el ejecutivo balear se niegue a adoptarla pese a que los precios en Ibiza están, según los socialistas, «totalmente desbocados».
Más allá de la vivienda: burocracia, inclusión y salud mental
La crisis de la vivienda no fue el único tema abordado. La jornada puso también sobre la mesa la necesidad de reforzar plantillas y equipos de apoyo, reducir la carga burocrática, mejorar la inclusión educativa y la convivencia en los centros, atender la salud mental del alumnado y los efectos de las pantallas y las redes sociales, y la preocupación por las políticas de segregación lingüística impulsadas por el Govern balear.
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