El Govern balear ha alzado la voz contra la nueva fórmula estatal que determina cuántos menores migrantes puede acoger cada comunidad autónoma. Y no lo ha hecho con tecnicismos, sino con una pregunta lanzada con evidente ironía: “¿Tiene base científica?”
El cálculo fijado por el Gobierno establece una ratio nacional de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Aplicado a Baleares, eso se traduce en una capacidad teórica de 406 menores.
“¿Por qué esta fórmula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene alguna validación técnica reconocida en Europa? No lo sabemos”, dijo la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, dejando claro su escepticismo.
Un recurso en camino… y otro en el aire
La consellera avanzó que este viernes el Consell de Govern autorizará a la Abogacía a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, pero no contra la fórmula recién aprobada, sino contra el real decreto del 22 de julio, que regula el procedimiento del reparto de menores entre comunidades autónomas.
Se trata del segundo frente judicial que abre el Ejecutivo autonómico en esta materia, después de que en marzo ya recurriera ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería, base legal para las derivaciones desde Canarias.
En paralelo, Estarellas confirmó que el nuevo decreto aprobado hoy martes por el Consejo de Ministros, que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, también está bajo la lupa del Govern.
“Tenemos que ver realmente cómo se ha regulado. Lo único que tenemos es una nota de prensa”, explicó, dejando entrever que podría haber un tercer recurso, si el contenido final del texto lo permite.
Desde el Consolat critican la opacidad con la que el Gobierno ha gestionado todo el proceso, tanto en la parte jurídica como técnica. Denuncian que las decisiones llegan sin consulta previa, sin documentación detallada y con una falta de coordinación entre los ministerios implicados.
“Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado”, insistió la vicepresidenta, visiblemente molesta.
Por otra parte, aunque el Ejecutivo balear ha dejado claro que no pretende frenar el reparto nacional, sí buscará que se suspenda cautelarmente la llegada a Baleares de los 49 menores previstos, como medida de protección mientras se resuelve el conflicto legal.
Una capacidad cuestionada desde el minuto uno
La nueva fórmula de cálculo ha generado un profundo malestar en las instituciones insulares. En Formentera, por ejemplo, la aplicación del nuevo sistema implica multiplicar por 34 la supuesta capacidad de acogida, según informó La Voz de Ibiza.
Además, la presidenta balear, Marga Prohens, ya anunció un recurso urgente contra la aplicación del reparto obligatorio en las Islas, consolidando una posición de choque institucional frente a Moncloa.
