La falta de vivienda asequible en Ibiza se ha consolidado como uno de los grandes desafíos de la isla y empieza a tener efectos visibles también en sectores estratégicos como la construcción. La dificultad para encontrar alojamiento a precios razonables complica la llegada de trabajadores y añade presión a un mercado laboral que ya arrastra problemas de escasez de personal en distintas actividades.
En este contexto, la presidenta de la Asociación de Constructores, Consuelo Antúnez, plantea que la solución pasa por un gran acuerdo entre instituciones y promotores privados. Una idea que coincide con propuestas similares defendidas por la economista Montserrat Pareja-Eastaway, presidenta de la European Network for Housing Research, entrevistada por La Voz de Ibiza, quien apuesta por modelos más comunitarios y cooperativistas. Ambas visiones confluyen en la necesidad de impulsar fórmulas de colaboración público-privada.
Antúnez considera que, pese a los mensajes del Govern y del Consell animando a los promotores a construir pisos a precios razonables, el problema sigue enquistado. En una entrevista con Diario Ibiza, señala que en el mercado inmobiliario continúa orientado a un perfil muy concreto: el de quienes pueden pagar viviendas de alto standing.
“Lo que se sigue edificando es más vivienda unifamiliar de lujo, vivienda para los únicos que tienen dinero para pagarla”, lamenta. La presidenta de los constructores sostiene que Ibiza está construyendo sobre todo para compradores con gran capacidad económica, mientras la población trabajadora queda fuera del acceso al mercado.
A su juicio, el verdadero cuello de botella no está tanto en el coste creciente de los materiales, sino en el precio del suelo, que se ha disparado hasta convertirse en el factor determinante. “El suelo es realmente el problema”, resume, señalando que cualquier intento de levantar vivienda accesible se vuelve casi imposible con estos valores.
Por ello, Antúnez defiende que la clave está en que las administraciones públicas pongan terreno a disposición para promover vivienda de precio limitado. Propone convenios público-privados en los que la Administración aporte parcelas y promotores privados construyan viviendas con precios tasados, de forma más rápida que los procedimientos habituales.
Esta fórmula, sostiene, sería “lo más fácil y lo más rápido”, aunque advierte de que también debe ser viable para el sector. Si el precio máximo de venta o alquiler deja márgenes demasiado estrechos, los promotores no se arriesgarán a impulsar proyectos, por lo que el equilibrio económico será decisivo.
La presidenta de los constructores no cree que la vivienda de protección oficial (VPO) sea la solución principal porque, al depender directamente de la Administración, los procesos son demasiado lentos para una isla que vive una emergencia inmediata. En su lugar, apuesta por modelos de vivienda limitada en precio, más ágiles y capaces de llegar antes a la población residente.
Antúnez alerta de que la crisis ya no afecta solo a quienes tienen salarios bajos: incluso trabajadores con ingresos dignos viven en situación de exclusión residencial. “Aquí casi todo el mundo vive ya en exclusión porque no puede acceder a una vivienda”, afirma en la misma entrevista con Diario Ibiza, describiendo un escenario donde el mercado expulsa a la comunidad local.
A este panorama se suma la falta de mano de obra en la construcción, la economía sumergida alimentada por trabajadores sin papeles y la escasa incorporación de jóvenes al sector. Para Antúnez, todo forma parte del mismo círculo: sin vivienda asequible en Ibiza no llegarán trabajadores, y sin trabajadores será imposible sostener la actividad económica. Su receta es clara: un pacto público-privado con suelo público disponible que permita construir para quienes viven y trabajan en la isla, y no solo para quienes pueden permitirse el lujo de comprarla.
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