La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este miércoles a la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La actuación se produjo tras un requerimiento judicial vinculado al denominado “caso Leire”, una causa que analiza posibles maniobras para influir en procedimientos judiciales relacionados con dirigentes o personas vinculadas al entorno socialista.
Según la documentación difundida por distintos medios españoles, la actuación no consistió en un registro generalizado de la sede partidaria, sino en un requerimiento formal de documentación y acceso a determinados sistemas informáticos y administrativos del partido.
Correos electrónicos y archivos digitales
Entre las medidas solicitadas por el magistrado figura el volcado de correos electrónicos corporativos y de archivos almacenados en los servidores internos del PSOE. La investigación pone el foco en varias cuentas vinculadas a dirigentes y empleados de la sede de Ferraz.
De acuerdo con las resoluciones judiciales publicadas, la UCO pidió acceder a los correos electrónicos del exsecretario de Organización Santos Cerdán desde 2021 hasta la actualidad. También se solicitaron las comunicaciones de la gerente del partido, Ana Fuentes; del exdirector de comunicación, Ion Antolín; y de dos trabajadoras de la sede central.
Además del contenido de los correos, los investigadores buscan analizar la estructura de carpetas y archivos digitales almacenados en los sistemas internos del partido para reconstruir comunicaciones y movimientos vinculados a la causa.
Revisión de la contabilidad interna
La investigación judicial también incluye documentación financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. El juzgado solicitó acceso a libros diarios, balances, libros mayores y otros registros administrativos relacionados con el funcionamiento económico del partido.
El objetivo de esta parte de la investigación es revisar los mecanismos internos de autorización de gastos y emisión de pagos, así como identificar qué responsables intervenían en la validación de facturas y movimientos contables.
Dentro de este requerimiento también se pidieron datos vinculados al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y posibles movimientos financieros relacionados con personas mencionadas en la investigación.
Registros de visitas y accesos
Otro de los puntos incluidos en la actuación judicial es la revisión de los registros de entrada y salida de la sede central del PSOE. La Guardia Civil solicitó información sobre visitas realizadas durante los últimos años para reconstruir posibles reuniones relacionadas con la causa.
Entre las personas mencionadas en distintas informaciones periodísticas aparecen Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo, Gaspar Zarrías y el excomisario José Manuel Villarejo.
El requerimiento judicial también alcanza los accesos al aparcamiento subterráneo de Ferraz, donde se busca identificar movimientos de vehículos vinculados a algunas de las personas investigadas o citadas en el expediente.
Información sobre viajes oficiales
Además de la documentación digital y contable, el PSOE deberá aportar información sobre viajes oficiales organizados o financiados por el partido entre 2024 y 2025. La solicitud incluye datos sobre desplazamientos realizados por algunas de las personas mencionadas en la investigación.
El juzgado también pidió aclaraciones sobre las funciones, contratos y vínculos laborales de determinados implicados dentro de la estructura partidaria. La investigación continúa bajo secreto parcial y se encuentra en fase de recopilación y análisis de documentación por parte de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil.
