El Gobierno tiene previsto dar un nuevo impulso a una de las iniciativas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez hace ahora un año. El Ejecutivo prevé aprobar de forma definitiva durante el mes de julio el proyecto de ley de Integridad Pública, una norma que incorpora la mayor parte de las medidas incluidas en el plan anticorrupción presentado por el jefe del Gobierno. La intención es que el texto reciba el visto bueno del Consejo de Ministros antes del parón estival para iniciar posteriormente su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
El anteproyecto ya había sido aprobado en primera vuelta durante el pasado mes de febrero, aproximadamente medio año después de que Sánchez anunciara el plan. Ese primer paso coincidió con un momento especialmente delicado para el PSOE debido a los casos que afectaban a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, incluida la entrada en prisión del exsecretario de Organización socialista. Ahora, el Ejecutivo pretende acelerar el proceso y trasladar el debate al Parlamento.
Fuentes del Ejecutivo señalan que la previsión es que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el proyecto de ley de Integridad Pública durante este mes de julio. Con ese paso, el Gobierno pretende iniciar la tramitación parlamentaria tras el verano y avanzar en una de las principales promesas formuladas por el mandatario dentro de su plan para reforzar la lucha contra la corrupción. La aprobación definitiva supondría dejar el debate en manos del Congreso, donde el Ejecutivo deberá reunir los apoyos necesarios para sacar adelante la iniciativa.
La presión política acelera el calendario
El Gobierno afronta esta nueva fase del proyecto en un contexto marcado por la presión de sus socios parlamentarios. Según las fuentes consultadas, el objetivo pasa por responder a las críticas recibidas por la ausencia de medidas concretas tras el incremento del foco judicial sobre el PSOE y el propio Ejecutivo.
Desde el Partido Socialista justifican los retrasos registrados hasta ahora por la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Como ejemplo citan la propuesta para endurecer la regulación de los grupos de presión o lobbies, cuya tramitación permanece bloqueada precisamente por no contar con una mayoría parlamentaria asegurada.
No obstante, otras fuentes parlamentarias consideran que el Gobierno debería iniciar igualmente el trámite legislativo, aunque todavía no tenga garantizados los votos necesarios. Según esa posición, cada grupo parlamentario debería «retratarse» mediante el sentido de su voto durante la tramitación.
Durante su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso para abordar los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE, Pedro Sánchez pidió el respaldo de los distintos grupos parlamentarios. «Si sus grupos parlamentarios, particularmente aquellos de la derecha y la ultraderecha, de verdad les preocupa la corrupción, les pido que lo demuestren y que voten a favor de la tramitación de este anteproyecto de ley«, afirmó.
La creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública
Uno de los principales ejes del proyecto consiste en la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Este organismo, impulsado en su momento por Sumar, se plantea como «órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción».
La futura agencia asumiría competencias actualmente repartidas entre distintos organismos estatales. Entre ellos figuran:
- La Oficina de Conflictos de Interés.
- La Autoridad Independiente de Protección al Informante.
- El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Según recoge el proyecto, este nuevo organismo dispondría de facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normas relacionadas con la contratación pública, los lobbies, los conflictos de interés y la rendición de cuentas, además de articular mecanismos de protección para quienes denuncien casos de corrupción. La concentración de competencias pretende reforzar la coordinación de las políticas de prevención y control.
Cambios legales para endurecer las consecuencias de la corrupción
La puesta en marcha de la nueva agencia exigirá una importante reforma legislativa. El proyecto contempla la modificación de hasta seis leyes orgánicas.
Entre ellas figura la Ley General Penitenciaria, con cambios dirigidos a endurecer el cumplimiento de las condenas por delitos relacionados con la corrupción. Según el texto, los condenados que no devuelvan las cantidades que deban reparar económicamente no podrán progresar de grado.
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La medida también afectaría a los supuestos de insolvencia. Hasta ahora, esa decisión correspondía al tribunal, que analizaba si existía ocultación de bienes o una situación real de insolvencia antes de decidir sobre la progresión penitenciaria.
Más controles sobre altos cargos y contratación pública
El proyecto también incorpora nuevas herramientas destinadas a incrementar los controles preventivos. Entre ellas destaca la realización de exámenes aleatorios sobre el patrimonio de los altos cargos.
Asimismo, el Gobierno plantea transformar el portal de contratación pública mediante nuevas herramientas informáticas que permitan reforzar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos políticos. El incremento de la supervisión constituye otra de las piezas centrales del plan de Integridad Pública.
Las empresas condenadas afrontarán sanciones más severas
La iniciativa prevé igualmente endurecer las consecuencias para las empresas implicadas en casos de corrupción. En concreto, se elevarán las penas máximas de inhabilitación y de prohibición para contratar con la Administración Pública. El límite pasaría de 15 a 20 años.
Además, el proyecto contempla la creación de una lista negra de empresas, mediante un registro que será «público y accesible». También será obligatorio que la titularidad de las empresas y todas las transmisiones posteriores puedan seguirse de forma trazable a través del Registro Mercantil. El objetivo declarado consiste en reforzar la transparencia en las relaciones entre empresas y administraciones públicas.
Cambios en las donaciones a los partidos políticos
Otro de los bloques relevantes del proyecto afecta a la financiación de los partidos políticos y de sus fundaciones. La norma prevé reforzar las obligaciones de transparencia mediante una reducción significativa del umbral a partir del cual deberán publicarse las donaciones individualizadas.
Actualmente ese límite se sitúa en 25.000 euros. Con la nueva regulación pasaría a 2.500 euros. De este modo, un mayor número de aportaciones económicas deberá hacerse público.
Más auditorías y sanciones para las organizaciones políticas
El proyecto también endurece el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos. Las organizaciones que no informen sobre sus donaciones dentro del plazo de un mes afrontarán sanciones que se duplicarán respecto al sistema actual. Asimismo, el texto establece que los partidos estarán obligados a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas.
El refuerzo de los mecanismos de control económico constituye otra de las medidas incluidas en el proyecto de ley de Integridad Pública que el Gobierno espera aprobar definitivamente durante el mes de julio antes de remitirlo al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
