La financiación del PSOE vuelve a situarse en el centro del debate judicial tras un nuevo episodio que añade más incertidumbre a una causa ya compleja. La reciente entrega de un sobre por parte del empresario Víctor de Aldama a la Audiencia Nacional ha reactivado las sospechas sobre posibles irregularidades vinculadas al partido y ha abierto una nueva línea de investigación en el denominado ‘caso Koldo’.
Según sostiene el propio Aldama, el contenido de ese sobre incluiría información sensible relacionada con una supuesta financiación irregular tanto del PSOE como de la Internacional Socialista, organización que preside Pedro Sánchez desde 2022. Todo ello estaría vinculado, siempre según su versión, a la petrolera venezolana PDVSA.
Un sobre entregado en secreto que cambia el escenario
El empresario hizo llegar la documentación al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un contexto de máxima discreción. Este magistrado es el encargado de investigar una causa que se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales en España en los últimos meses.
El llamado ‘caso Koldo’ se articula en tres grandes líneas de investigación. Por un lado, se analizan las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Por otro, se investigan posibles adjudicaciones amañadas de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Y, finalmente, una tercera pieza se centra en los pagos vinculados al PSOE.
La aparición de este sobre se enmarca precisamente en esta última vertiente, considerada especialmente sensible por su posible impacto político y judicial.
Los informes de la UCO y el origen de las sospechas
Las dudas sobre la financiación del PSOE no son nuevas. La Unidad Central Operativa (UCO) ya había remitido anteriormente un informe al Tribunal Supremo que marcó un punto de inflexión en la investigación. Ese documento contenía indicios que llevaron al ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según ese informe, Cerdán habría formado parte de una trama asentada en el Ministerio de Transportes que presuntamente amañaba contratos de obra pública a cambio de comisiones. Además, los agentes señalaban la posible implicación del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.
Entre las pruebas recogidas, figuraba una conversación en la que Koldo hablaba con uno de los empresarios implicados sobre los “heridos inocentes” y la “gente fuera del baile”, lo que reforzaba la hipótesis de una estructura organizada para gestionar estas prácticas.
Pagos en metálico y dudas sin resolver
Tras el verano, un nuevo informe del Instituto Armado volvió a poner el foco en las cuentas del exministro Ábalos. En ese análisis se señalaba que el partido habría utilizado sobres con dinero en efectivo para realizar pagos tanto a él como a su exasesor.
El origen de esos fondos, sin embargo, no ha quedado completamente aclarado. Esta cuestión llevó al Tribunal Supremo a citar como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, quienes negaron la existencia de irregularidades.
Pese a ello, el juez Leopoldo Puente consideró que persistían dudas relevantes. En concreto, señaló que no se había explicado de forma suficiente el origen del dinero en efectivo utilizado en la sede del partido.
Ante esta situación, el Supremo instó a la Audiencia Nacional a profundizar en esta línea de investigación, al entender que la actividad interna del partido quedaba fuera de su competencia directa.
El papel de Aldama en la investigación
La figura de Víctor de Aldama ha sido clave en el desarrollo del caso. El empresario fue uno de los primeros en señalar directamente a Santos Cerdán en sede judicial, y sus declaraciones han marcado el rumbo de varias diligencias.
Además, aseguró que parte de las comisiones que abonaba al exministro Ábalos y a su entorno tenían como destino final el propio partido, una afirmación que ha sido incorporada a la investigación.
También ha cobrado relevancia el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz siguiendo instrucciones de Aldama. No obstante, el propio empresario ha negado este extremo.
En un primer momento, se vinculó ese dinero a gestiones para obtener una licencia de operador de carburantes para la empresa Villafuel. Sin embargo, el juez Santiago Pedraz descartó esta hipótesis en el marco del denominado ‘caso Hidrocarburos’.
El origen venezolano del sobre
Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva pieza es el posible origen del sobre entregado por Aldama. Según la UCO, la documentación estaría relacionada con PDVSA y contaría con un sello de recepción de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela fechado el 4 de febrero de 2020.
Para los investigadores, resulta “significativo” que el empresario recibiera este material en una fecha cercana al encuentro con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, el 20 de enero de ese mismo año.
La Guardia Civil considera que la intermediación de Aldama pudo ser clave para que ese contenido llegara a sus manos. El propio empresario ha asegurado que organizó el viaje de Rodríguez y que en su agenda figuraba una cena con varios ministros.
Una pieza bajo secreto y máxima expectación
La Audiencia Nacional decidió abrir una pieza separada “ante la gravedad de los hechos investigados”, que permanece bajo secreto. En este contexto, el análisis del contenido del sobre se ha convertido en una de las claves del futuro de la causa.
El documento no pudo ser localizado en un primer momento durante un registro en el domicilio de un colaborador de Aldama. Sin embargo, la Guardia Civil cree que el empresario lo recuperó posteriormente tras reunirse con él en Madrid.
Finalmente, Aldama lo entregó de forma reservada tras declarar ante el juez que contenía información relevante sobre la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
Un caso con impacto político y judicial
El avance de esta investigación coincide con la cercanía de una fecha clave: el próximo 7 de abril está previsto el inicio del juicio de la primera pieza del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, centrada en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
Este proceso afecta directamente a figuras como Ábalos, Koldo García y el propio Aldama, lo que aumenta la presión sobre el desarrollo de las distintas líneas de investigación abiertas.
Mientras tanto, el análisis del contenido del sobre y las nuevas diligencias marcarán el rumbo de una causa que sigue creciendo en complejidad y que mantiene en vilo tanto al ámbito político como al judicial.
