Inspectores del Consell y la Policía Local detectan un coche que operaba como vehículo de alquiler sin haber obtenido el cupo establecido por la Ley de Afluencia.
Un vehículo que se ofertaba como alquiler en Ibiza ha sido inmovilizado tras comprobarse que no disponía del cupo obligatorio exigido por la Ley de Control de Afluencia de Vehículos. La actuación ha sido posible gracias a la labor conjunta de los inspectores del Consell Insular de Ibiza y la Policía Local de Ibiza.
El director insular de Transportes, Robergo Algaba, comunicó la intervención a través de sus redes sociales. En su mensaje, subrayó que el vehículo operaba fuera de la legalidad, ya que no contaba con el permiso correspondiente para ser comercializado como coche de alquiler.
El coche en custión, según se desprende de las imágenes publicadas por Algaba, es un Lamborghini Huracán STO (Súper Trofeo Omologata), valuado en 250.000 euros más impuestos.
La infracción puede conllevar una multa que oscila entre 1.000 y 10.001 euros, además de la inmovilización del vehículo.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de los controles establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de limitar la saturación de tráfico durante la temporada turística.
Estas intervenciones, ha remarcado el Consell buscan frenar la oferta irregular y mejorar la movilidad en Ibiza en plena temporada alta.
Aumentan las sanciones
El anuncio de Algaba ocurrió apenas horas después de que se conociera que el Consell aplicó la primera de las multas a los autocaravanistas en el marco de la ley de limitación vehicular.
La ley 5/2024, de control de la afluencia de vehículos, que se aplica por primera vez este verano en Ibiza, permite que circulen por la isla diariamente 20.168 vehículos: 4.108 de turistas llegados en barco y otros 16.000 habilitados para las empresas de rent a car.
Para el caso de los caravanistas que no son residentes en la isla, y a quienes se otorgó un período de advertencias, se exige a quienes no tengan residencia fiscal en la isla reservar un lugar en campings y se les prohíbe aparcar en suelo rústico.
Mientras se conocen las primeras sanciones en el caso de coches de alquiler y caravanistas, el Consell continúa reclamando a la DGT el acceso a su base de datos para poder imponer sanciones a particulares.
