Los amarristas del Club Náutico de Ibiza han decidido acudir a los tribunales para exigir transparencia en las tarifas que deben abonar a la nueva concesionaria, Puertos y Litorales Sostenibles.
La Asociación de Amarristas ha anunciado el inicio de dos procedimientos legales, uno en el ámbito civil y otro en el administrativo, con el objetivo de que se comuniquen de manera clara y directa los precios establecidos por el uso de los amarres.
Esta decisión llega después de que uno de los miembros de la agrupación se haya visto envuelto en un proceso judicial tras la reclamación de una «supuesta deuda» por parte de la empresa concesionaria.
Según la asociación, el amarrista en cuestión nunca se negó a pagar, sino que mostró su desacuerdo con la falta de información previa sobre las tarifas, lo que derivó en una disputa sobre la cantidad exigida.
Falta de comunicación y posibles incumplimientos
Desde la Asociación de Amarristas sostienen que el problema principal no es el pago en sí, sino la falta de notificación individual sobre las tarifas, algo que consideran esencial para garantizar los derechos de los usuarios. Afirman que sin una comunicación clara y directa, la cantidad reclamada «no puede considerarse válida sin más».
Para resolver esta situación, la agrupación ha contratado bufetes especializados en derecho marítimo y contratación pública, con el objetivo de esclarecer el cumplimiento del contrato y las obligaciones de la concesionaria.
En el caso del amarrista denunciado, su abogado rechazó la solicitud de suspender el juicio por parte de Puertos y Litorales Sostenibles, argumentando que no tenía sentido prolongar un debate sobre una deuda que ya había sido depositada en el juzgado.
Un conflicto que podría sentar precedentes
La asociación insiste en que la transparencia es clave en la gestión del Club Náutico de Ibiza y que las tarifas deben ser notificadas de manera individual antes de su aplicación.
Consideran que este proceso legal no solo busca resolver la situación de los actuales amarristas, sino que también pretende establecer un precedente que garantice el respeto a los derechos de los usuarios en futuras concesiones.
