El Consell de Govern ha aprobado este viernes el primer reglamento autonómico que regula de forma integral los servicios de taxi y arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en las Islas Baleares, tal como avanzara La Voz de Ibiza.
Se trata de una normativa establecida doce años después de la entrada en vigor de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares.
La norma establece “por primera vez criterios homogéneos, objetivos y actualizados para el otorgamiento o denegación de nuevas licencias y autorizaciones, en función del nivel de congestión viaria y de los valores de calidad del aire, a la vez que tiene como objetivo garantizar la movilidad de la población residente y visitante de las islas”, detallaron esta mañana desde el Govern.
Estos “criterios objetivos de interés general” -tal como los calificaron- permitirán regular el número de licencias de taxi y VTC en el territorio insular, limitado y protegido de las Illes Balears.
“En un contexto de complejidad competencial —distribuida entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, los consells insulares y los ayuntamientos— y de diversos pronunciamientos judiciales en la materia, el texto pretende aportar seguridad jurídica, unificar criterios y dotar a los órganos competentes de herramientas para ordenar el sector bajo parámetros de sostenibilidad medioambiental, gestión del transporte, protección de los espacios naturales e interés general”, explicaron.
63 artículos
El Decreto consta de 63 artículos distribuidos en tres títulos —el título I de disposiciones comunes, el título II de servicios de taxi y el título III de servicios de arrendamiento con conductor—, cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final única.
La tramitación del Decreto se inició en enero del año pasado, con una consulta previa, y se sometió al trámite de audiencia e información pública el pasado julio; fue informado por el Consell Balear de Transporte Terrestre el pasado septiembre, con representación del sector del taxi y VTC, y continuó su tramitación con el informe del Consejo de Consumo y el dictamen del Consejo Económico y Social de las Illes Balears. A finales de enero recibió el dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, con observaciones esenciales que se han considerado en el Decreto aprobado por el Consell de Govern.
Sobre el filo del fin de la moratoria
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, actualmente, la administración tramita peticiones que superan las 10.000 autorizaciones de VTC –6.500 corresponden a Ibiza–, permisos necesarios para que plataformas como Uber, Bolt o Cabify puedan operar en el archipiélago.
Esto luego de que en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitiera una sentencia que obliga al Govern a tramitar 600 solicitudes VTC denegadas en 2022. La sentencia descarta que se puedan rechazar licencias sobre la base de un ratio y en el sector del taxi se teme que genere un precedente que abra la puerta a numerosas nuevas autorizaciones.
Además, este domingo caduca la moratoria que establecida la suspensión temporal del otorgamiento de licencias y autorizaciones en ambos casos.
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“En las Islas Baleares se presentaron más de 10.000 solicitudes de autorizaciones de VTC durante el año 2023, un volumen que se considera desproporcionado y medioambientalmente insostenible frente a las 2.529 licencias de taxi y 739 autorizaciones de VTC existentes en la actualidad”, argumentaron desde el Govern.
El freno a la avalancha de las VTC
En este contexto, el nuevo Reglamento fija “los criterios objetivos que deberán aplicar ayuntamientos y consells insulares para resolver las solicitudes en cada ámbito territorial”.
En concreto, la regulación determina criterios objetivos de denegación y establece que los órganos competentes no podrán otorgar nuevas licencias ni autorizaciones “cuando dentro del correspondiente ámbito municipal o insular se superen los niveles de congestión viaria que transcurran dentro de su ámbito territorial o, en relación con la calidad del aire, cuando se superen los valores límite anuales de NO₂ (dióxido de nitrógeno) o PM2,5 (material particulado fino) o los valores objetivos de O₃ (ozono)”.
En relación con la calidad del aire, este último criterio sobre los valores límite no será de aplicación cuando el vehículo sea eléctrico de cero emisiones de batería (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de combustión de hidrógeno (HICEV), y, en ese caso, la autorización únicamente habilita para efectuar servicios de taxi y VTC si el vehículo adscrito se incluye en alguna de estas categorías.
“Solo de forma excepcional podrán concederse nuevas autorizaciones o licencias temporales cuando las necesidades de movilidad lo justifiquen y exista un informe previo motivado por parte del órgano competente en cada ámbito territorial”, detalló esta mañana el Govern.
Además, estipula que el “establecimiento de estos criterios en relación con el tráfico en las vías públicas y de carácter medioambiental es especialmente necesario en las Islas Baleares, dada la fragilidad y limitación del territorio insular y la elevada afluencia de visitantes durante la temporada turística, con los consiguientes impactos medioambientales y de congestión del tráfico viario y del espacio público”.
Criterios homogéneos
El Reglamento fija “criterios homogéneos para todo el territorio, refuerza la seguridad jurídica, facilita la lucha contra el intrusismo y también apuesta por una movilidad más sostenible, segura y accesible. Con carácter general, se exige una clasificación ambiental de cero emisiones o ECO para los vehículos de hasta cinco plazas, con excepciones para garantizar la disponibilidad de vehículos adaptados2.
En cuanto a la accesibilidad, también se establece que los ayuntamientos garantizarán que al menos un 5 % de las licencias de taxi o VTC corresponda a vehículos adaptados y, en el caso de los VTC, para aquellas empresas con más de 10 autorizaciones el porcentaje se incrementa hasta el 10 %.
Asimismo, el Decreto promueve la competitividad de un sector formado mayoritariamente por trabajadores autónomos en el caso del taxi y por pequeñas y medianas empresas en el caso del sector de VTC.
También establece requisitos similares para ejercer como conductor en ambos servicios, con el objetivo de profesionalizar el sector y mejorar el servicio a los usuarios.
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