El traslado de la basura de Ibiza a Mallorca empieza a dejar sus primeros réditos económicos en la isla vecina, que ya mira la operación no solo como una carga sino como una fuente de ingresos. El Consell de Mallorca aprobó este miércoles una rebaja del 10% en la tarifa de residuos sólidos urbanos financiada con el dinero que recibe por acoger el rechazo ibicenco, y su conseller de Hacienda anticipó que la entrada de esos residuos reportará más ingresos en los próximos ejercicios.
La tarifa de tratamiento pasa de 114,95 a 103,46 euros por tonelada, una reducción que la institución mallorquina venía prometiendo desde que se cerró el acuerdo del traslado y que ahora se materializa en un acuerdo de pleno. La rebaja se sufraga con la subvención de 50 millones de euros que el Govern balear concede al Consell de Mallorca, en su condición de administración receptora de los residuos de Ibiza, en aplicación de la Ley 8/2019 de residuos.
«Un ingreso añadido» para los próximos años
El foco económico lo puso el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, durante el debate. Bosch señaló que la entrada de toneladas procedentes de Ibiza supondrá «un ingreso añadido» para Mallorca, al que se suman los ingresos por la venta de la energía eléctrica que genera la incineración en Son Reus, un conjunto que —según defendió— repercutirá positivamente en la tarifa de los próximos años.
El conseller enmarcó la rebaja en la gestión de su equipo de gobierno: sostuvo que en toda la legislatura no solo han congelado la tarifa, sino que ahora la reducen, y recordó que la propuesta de partida de la concesionaria TIRME era fijarla en 225 euros por tonelada. En un contexto de subida de precios, añadió, el Consell «protege los bolsillos de los ciudadanos».
Una modificación de crédito de 41,4 millones
Para regularizar las tarifas, el pleno autorizó además una modificación de crédito extraordinaria de 41,4 millones de euros. De esa cantidad, 25 millones proceden del Govern por el plan piloto del traslado de residuos de Ibiza, y otros 13 millones corresponden al pago del fondo autonómico de prevención y gestión de residuos.
El acuerdo incluye también que el Consell de Mallorca asuma íntegramente el coste del tratamiento de la fracción orgánica de recogida municipal —que queda a cero euros por tonelada para fomentar la recogida selectiva—, mientras que el tratamiento de lodos de depuradora se fija en 239,31 euros por tonelada y el de restos animales del sector primario en 37,2 euros.
Del «beneficio» al «fraude»: las dos lecturas
El rédito que el Consell de Mallorca presenta como un logro es, para los sectores críticos, la prueba de que la isla vecina asume un problema ajeno a cambio de dinero. Las diecisiete entidades vecinales y ecologistas que se han agrupado en Mallorca contra el traslado calificaron directamente de «fraude» la rebaja de la tarifa, al considerar que los 50 millones de subvención suponen que los mallorquines terminen sufragando la gestión de los residuos de Ibiza. En paralelo, el GOB mantiene un recurso judicial contra la adjudicación del contrato del traslado.
Una operación aún en fase de prueba
El impacto económico llega cuando el plan piloto apenas ha echado a andar: arrancó el 15 de julio y en su primera semana movió 792 toneladas, sin incidencias reseñables, con una media de 5,5 camiones diarios. El ensayo, previsto para dos años, arrancó con una estimación de unas 33.000 toneladas anuales, una fracción de las cerca de 85.000 que genera Ibiza, y el Consell ibicenco calcula que la isla deberá enviar sus residuos a Mallorca durante al menos una década mientras no disponga de una alternativa propia.
Los ingresos que Mallorca espera obtener del tratamiento crecerán, previsiblemente, a medida que aumente el volumen trasladado desde Ibiza, que en esta fase inicial se mantiene muy por debajo de su techo. Es decir, cuanto más residuo ibicenco reciba Son Reus, mayor será el rédito para la isla que hoy lo acoge entre la promesa del beneficio y la protesta de quienes lo ven como un negocio a costa de su territorio.
