La Fundación Conciencia atiende en Ibiza a unos 200 niños víctimas de maltrato y abuso sexual infantil, una cifra que crece cada semana hasta el punto de que la entidad ha tenido que abrir lista de espera por primera vez en su historia. Así lo trasladó su presidenta, Marisina Marí, en una entrevista con La Voz de Ibiza, en la que confirmó la incorporación inminente de una psicóloga en plantilla para descongestionar la atención.
Cuatro casos nuevos por semana
La fundación maneja una entrada media de cuatro casos nuevos por semana en la isla. Marí trabaja todo el espectro del maltrato infantil: abusos sexuales, acoso escolar, agresiones físicas y, cada vez con más frecuencia, menores con conductas autolíticas. El grueso de los expedientes corresponde a abuso sexual infantil, la especialidad de la casa, y el 80 % de los casos se producen dentro del entorno familiar. La presidenta detecta además un cambio de perfil: ya entran más niños que niñas y crecen los casos protagonizados por abuelos, cuando antes predominaban las figuras paterna y los tíos.
Más visibilidad, no más casos
Marí matiza la lectura del aumento. A su juicio, no significa necesariamente que haya más maltrato que antes, sino que llega más a las entidades especializadas. «Creo que es más porque se nos conoce más, porque salimos más en los medios, porque Ibiza es pequeño y hay mucho boca a boca», explicó. La presidenta compara el momento actual con el que vivió la lucha contra la violencia de género hace tres décadas: antes había, en su opinión, el mismo maltrato infantil o más, «pero antes era tabú».
Niños de tres a cinco años
La edad media de inicio de las agresiones que llegan a la fundación se sitúa entre los tres y los cinco años, una franja que dinamita la respuesta judicial. La propia Marí lo ilustra con casos reales que maneja la entidad: «tenemos casos de niños de tres a cinco años que han tardado tres meses en poder contar el abuso a un profesional». Su tesis sobre el sistema es contundente: en estos procesos «se le tiene que poder proteger en cuanto el niño verbaliza lo que sea» y, añade, «en la mayoría de los casos cuando los niños verbalizan es un abuso».
El interés del menor, en entredicho
La presidenta sostiene que la legislación española no es el problema, sino su aplicación. En su análisis, en los procesos judiciales por maltrato infantil «todavía no se sigue mirando del todo por el interés del menor, sino que se sigue priorizando mucho el que no pierda visitas de ningún progenitor». Reclama una protección temporal del menor mientras se valora el caso, aunque ello implique suspender las visitas con un progenitor que finalmente sea inocente. «Si en realidad no era el abuso», admite, el coste es asumible para la familia; «pero si era un abuso es lo mejor que le ha podido pasar a ese niño».
Niños con ideas suicidas a los ocho años
La fundación afronta además una demanda nueva: la atención a menores con conductas autolíticas e ideación suicida, en algunos casos sin maltrato previo documentado. La franja de edad ha caído de la adolescencia a los siete u ocho años, lo que la entidad atribuye al acceso precoz a información a través de las redes y a un entorno cotidiano marcado por la violencia simbólica. Estos perfiles requieren intervención inmediata y se han convertido en una vía de entrada habitual, sobre todo cuando las familias no encuentran recursos públicos disponibles.
Menores migrantes con abusos en origen
Pese a la llegada constante de pateras a la isla, la fundación no ha atendido casos de abuso sexual producidos durante la travesía. Sí trabaja, en cambio, con un número significativo de menores migrantes cuyo maltrato o agresión se produjo en su país de origen. En esos expedientes la vía judicial resulta inviable —los hechos quedaron fuera de la jurisdicción española—, pero la entidad asume el acompañamiento psicológico para que estos niños puedan, en palabras de la presidenta, integrar lo que han vivido y rehacer una vida más equilibrada.
Mil euros por peritaje
La Fundación Conciencia mantiene un convenio con los juzgados de Ibiza para suplir la falta crónica de psicólogos forenses en la isla. Cuando un juez de instrucción activa el mecanismo en un caso urgente, la entidad asume el coste de la pericial: alrededor de 1.000 euros por informe. Marí recordó que el juzgado de Ibiza solo cuenta con dos plazas de forense y que recientemente ambas estuvieron simultáneamente de baja, una situación que considera estructuralmente inasumible.
La Casa del Menor, en fase avanzada
La fundación participa en el grupo de trabajo del Barnahus de Ibiza, la llamada Casa del Menor, junto con el Consell de Ibiza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno balear y Save the Children. Marí confirmó que el proyecto está en fase avanzada y que ya se dispone de emplazamiento, a la espera de los plazos que marque la consejera Carolina Escandell. El modelo permitirá que el menor declare una sola vez en una sala adaptada, sin tener que repetir su testimonio media docena de veces en distintas instancias. «En el caso de los menores hay concienciación, pero todavía el sistema no está depurado», resume la presidenta.
Una sola persona en plantilla
La estructura de la fundación es mínima: hasta esta semana solo había una persona en nómina, una educadora social. Con la incorporación inminente de la nueva psicóloga, contratada como mínimo por dos años y «experta en trabajo infantil», según la presidenta, la plantilla se duplica. El resto del equipo, unas 25 personas, son voluntarios y profesionales externos. Marí lo resume con una frase que define la situación actual de la entidad: «lista de espera para este tipo de casos no puede existir». La financiación llega de subvenciones públicas, cenas benéficas y aportaciones particulares.
Quien sospeche un caso de maltrato infantil en Ibiza puede contactar con la fundación a través de fundacionconciencia.org o acudir directamente a la UFAM de la Policía Nacional o a la Guardia Civil, con quienes la entidad trabaja de forma coordinada.
