Parece un paso de comedia. Pero no lo es. La situación de las hamacas de Formentera sigue sumando episodios surrealistas. Ahora, la Demarcación de Costas, dependiente aún del Gobierno central al quedarse con competencias que no fueron traspasadas, ha confirmado su error en el ‘extravío‘ de la notificación al Consell Insular por el canon, que deja a los actuales adjudicatarios de los lotes autorizados en un escenario de indefensión.
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, la notificación inicial del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre correspondiente a los servicios de temporada de Formentera fue enviada el pasado 12 de junio con un error en la asignación del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR), el sistema que utilizan las administraciones públicas para intercambiar notificaciones electrónicas con plena validez jurídica.
Por eso, el documento nunca llegó al destinatario correcto. Este 2 de julio, veinte días después y tras la publicación de este medio, la Demarcación ha procedido a subsanar el error y reenviar la documentación al DIR adecuado.
El organismo lo explicó en estos términos: «Revisado el envío del canon del pasado 12 de junio, se ha detectado un error en la asignación del DIR. Por ello, con fecha de 2 de julio se ha procedido a subsanar dicha incidencia mediante la remisión de la documentación al DIR correcto».
Como informó este medio, fue el Consell Insular de Formentera quien alertó del problema al señalar que el canon «no ha llegado al DIR que debería haber llegado» y que «ha habido un error en el envío». Ahora, Demarcación confirma que esta notificación durmió en el limbo administrativo durante 20 días.
Los concesionarios, atrapados
La consecuencia más grave del extravío no es administrativa sino económica y jurídica, y la sufren los adjudicatarios de los lotes de hamacas y sombrillas. Al no recibir la notificación del canon de Costas —cuyo importe, según fuentes entre los concesionarios, podría ser de entre cinco y diez veces el que venían pagando hasta ahora—, los adjudicatarios tomaron la decisión de montar sus instalaciones sin conocer uno de los datos económicos esenciales de su negocio esta temporada.
Esa secuencia los ha dejado en una situación de indefensión difícil de resolver. Con las instalaciones ya montadas-de la mayoría de ellos-, el personal contratado y la temporada en marcha, los concesionarios no pueden renunciar a sus lotes por la vía ordinaria.
Si el importe del nuevo canon resulta inasumible, la única salida disponible sería la vía judicial: denunciar la situación y reclamar daños y perjuicios contra el Consell. Una opción que implica tiempo, costes y litigios que ningún adjudicatario contemplaba cuando decidió instalar sus hamacas en las playas de Formentera.
La pregunta sin respuesta
La Voz de Ibiza preguntó también a la Demarcación de Costas si los concesionarios pueden operar con sus instalaciones montadas sin haber abonado previamente el canon, o si esa situación supone algún tipo de incumplimiento de la Ley de Costas.
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La respuesta eludió la cuestión: el organismo se limitó a señalar que, desde el traspaso de competencias al Govern balear el 1 de julio de 2023, la administración competente para pronunciarse sobre las autorizaciones y el concurso tramitado por el Consell es el Govern de las Islas Baleares, y que la Demarcación se ha limitado a ejercer su competencia en materia de determinación y liquidación del canon.
Es decir: ni sí ni no. La pregunta sobre si es legal operar sin haber pagado el canon de Costas sigue sin respuesta oficial, mientras los concesionarios llevan días en esa situación.
El episodio se añade a una lista de irregularidades que este medio ha documentado en el concurso de hamacas y sombrillas de Formentera: un plazo de adjudicación de seis años que supera el máximo legal de cuatro, la aplicación de la normativa OCAMAT que ha recortado más de un tercio de los lotes, las gestiones de la consellera Castelló para desbloquear las denegaciones, el recurso de alzada presentado por el Consell en lugar de subsanar la documentación requerida, y ahora un canon extraviado durante veinte días en el sistema de notificaciones entre administraciones.
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