La anterior dirección política del Consell de Formentera de Gent per Formentera, GxF, vuelve al banquillo de los acusados. Desde este martes comienza un juicio en la Audiencia Provincial de Baleares por presunta malversación de caudales públicos y quebrantamiento de una sentencia firme. La acusación del caso sostiene que el Consell de Formentera habría financiado con dinero público acometidas (conexiones de agua, luz y saneamiento) que, por ley, deben costear los propietarios de parcelas privadas, en el entorno de la ronda de Es Pujols.
Como contraprestación, la institución habría aceptado cesiones de terreno para ejecutar el vial, un “trueque” que —según esa tesis— está prohibido.
Los hechos datan de hace casi una década. La causa llega a juicio tras la denuncia presentada en su día por el empresario y abogado Leo Stöber, quien también demandó al Consell en el caso Punta Prima. La acusación atribuye al Consell el pago de acometidas privadas con fondos públicos, así como la justificación de ese gasto en el marco de las obras de urbanización vinculadas a la citada ronda.
La vista se centrará en dilucidar si esas decisiones administrativas beneficiaron indebidamente a parcelistas concretos y si la fórmula escogida contravenía el marco legal. La defensa, previsiblemente, sostendrá que el Consell actuó amparado por el interés general y dentro de sus competencias urbanísticas, extremo que la acusación niega.
Los nombres en el punto de mira
En el banquillo se sienta la antigua dirección de GxF al frente del Consell. La acusación vincula el caso al mandato en el que se autorizó el pago de dichas acometidas y el esquema de cesiones para el vial de Es Pujols.
Aunque no ha dado un listo exhaustivo, Stöber ha señalado a La Voz de Ibiza que los acusados son los mismos que en el caso Punta Prima. Es decir, se incluiría en la lista al expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer; al exvicepresidente de la institución, Bartomeu Escandell; la también exvicepresidenta Sonia Cardona, y el ex conseller de Turismo, Josep Mayans.
Aquel caso había terminado en la absolución de los acusados y con imposición de costas a la acusación particular, el propio Stöber.
Se trató de una causa penal abierta a raíz de la revisión urbanística de 2010 que reclasificó parte de los terrenos de la promotora Sunway en Punta Prima como espacios libres públicos. La acusación particular —impulsada por Stöber— atribuyó a los entonces dirigentes de GxF delitos como prevaricación y falsedad por ese cambio de planeamiento, al considerar que perjudicaba los derechos edificatorios de la empresa.
El abogado ha contado que ha recurrido esa absolución y el asunto está ante el Tribunal Supremo.
