El paquete de medidas anunciado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar los efectos de la guerra de Irán tendrán un efecto superior a 70 millones de euros, según ha declarado en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.
En declaraciones a la prensa tras una reunión junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, con patronales y sindicatos de la comunidad para analizar los efectos de la guerra en Oriente Medio, la secretaria de Estado ha asegurado que el paquete de 80 medidas y 5.000 millones de euros tendrá este impacto superior a los 70 millones ya que la cifra viene por la suma de la rebaja fiscal eléctrica y las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible a los sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o los transportes.
En esta estimación no se incluyen el efecto económico de otras medidas de carácter estructural como las ayudas a industrias electrointensivas o para vehículos eléctricos y para puntos de recarga ni las bonificaciones del IRPF por obras de eficiencia energética en domicilios o instalaciones placas solares, entre otras, por lo que se calcula que el impacto superará la cifra dada por el Gobierno.
Además, la extensión del bono eléctrico, el bono térmico y el alargamiento de los contratos de alquiler hasta dos años se prevé que afecte a 24.000 viviendas en Baleares.
Por su parte, el delegado del Gobierno ha solicitado al Govern balear que adopte «cuanto antes medidas complementaria para proteger el sector productivo y de las familias«.
Además, ha pedido a PP y Vox que apoyen en el Congreso de los Diputados los dos decretos anticrisis aprobados por el Ejecutivo central, siendo el primero el de medidas coyunturales donde se recogen las reducciones en impuestos a sectores clave y las ayudas a los hidrocarburos, y la segunda, en donde se recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler.
Así, Rodríguez ha asegurado que la aprobación de ambas normas es «urgente y necesaria» y que además los gobiernos autonómicos tienen que tomar su propias medidas «que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Baleares».
