El portavoz del PP de Baleares, Jaume Ferriol, ha hecho balance del proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno central y ha afirmado que «se ha confirmado el efecto llamada» en las islas. Según ha señalado, desde la aprobación del decreto «las llegadas se han incrementado», lo que a su juicio confirma una tendencia «creciente y sostenida» que su partido ya denunciaba antes de la medida.
«Los hechos nos han dado la razón»
Ferriol ha recordado que el PP ya alertó de que la regularización provocaría un incremento sin precedentes de la llegada de inmigrantes irregulares a las islas. «Dijimos que esta regularización masiva e indiscriminada supondría un efecto llamada sin precedentes, y por desgracia los hechos nos han dado la razón», ha afirmado el portavoz ‘popular’.
A su juicio, «el problema no era solo lo que estaba pasando entonces, sino el mensaje que se enviaba». Según Ferriol, la regularización «masiva e indiscriminada» ha reforzado el negocio de las mafias y ha trasladado la idea de que la entrada irregular «tiene premio», tal y como ya advertía su partido.
El PP pide una política migratoria «planificada»
Desde el PP balear han reiterado su exigencia de una política migratoria basada en la planificación y la coordinación con las comunidades autónomas. Entre sus demandas figuran el refuerzo de las vías legales y ordenadas de inmigración, más recursos para los servicios de Extranjería, una lucha más eficaz contra las mafias y la adaptación de las políticas de acogida a la capacidad real de cada territorio.
«Los datos confirman lo que dijimos: no se pueden adoptar decisiones que solo agravan el problema. Hace falta responsabilidad y rigor», ha añadido Ferriol, quien ha insistido en que Baleares «no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones unilaterales que ignoran nuestra realidad».
El Govern recurrió el decreto
El portavoz del PP ha recordado que el Govern balear interpuso un recurso contra el decreto de regularización, y ha reiterado que, en su opinión, los hechos posteriores «avalan» la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico. Con este balance, el PP mantiene su presión sobre la política migratoria del Gobierno central y su reclamación de cambios en la gestión de la inmigración en las islas.
