El teniente de alcalde de Sant Antoni, Miguel Tur (PP), ha explicado este jueves durante un pleno extraordinario, solicitado por el PSOE, que recurrió a Ice Properties, una sociedad vinculada al grupo empresarial O Beach, del empresario Duane Lineker, para conseguir los 190.000 euros que necesitaba con urgencia y evitar la pérdida de una vivienda familiar. La sesión se ha celebrado para esclarecer si estos vínculos pudieron influir en decisiones y contrataciones municipales.
El concejal ha asegurado que devolvió el dinero con intereses, ha defendido la legalidad de la operación y ha negado cualquier trato de favor, mientras que los socialistas consideran que pudo existir un conflicto de intereses que debería haber motivado su abstención en determinados expedientes.
Durante su intervención, Tur ha reconocido que solicitó ayuda a varios empresarios ante la imposibilidad de conseguir financiación bancaria en el plazo que necesitaba. Según su relato, su familia afrontaba una situación económica que amenazaba con provocar la pérdida de su patrimonio y necesitaba reunir 190.000 euros en tres semanas. Ice Properties fue la única empresa que aceptó intervenir en la operación.
«Lo que se debate aquí no es una situación política mía, sino una operación privada con la que mi familia intentó salvar el patrimonio de toda una vida de trabajo. Todos ustedes conocen la difícil situación personal que he atravesado en estos años. Se me piden explicaciones y las voy a dar con total transparencia. Y lo que más lamento es que se utilice la situación personal de un concejal y de su familia en lugar de dedicar este pleno a los problemas de nuestro municipio», comenzó defendiéndose.
El concejal ha sostenido que la sociedad recuperó íntegramente el dinero desembolsado, junto con los intereses correspondientes, que, según ha afirmado, fueron superiores a los que le habría aplicado una entidad bancaria.
Por su parte, el PSOE ha insistido en que el problema no radica únicamente en la compraventa, sino en las relaciones económicas de un cargo público con empresas que mantienen contratos y otros intereses ante el Ayuntamiento.

Una operación de 190.000 euros para evitar perder patrimonio familiar
Tur ha explicado que conoció la gravedad de la situación económica de su hermana aproximadamente un mes antes del embargo y que comenzó a buscar alternativas para evitar que la familia perdiera otra vivienda.
Según ha relatado, los bancos estaban dispuestos a concederle una hipoteca, pero necesitaban alrededor de tres meses para formalizarla, cuando él disponía de apenas tres semanas. Ante esta situación, comenzó a contactar con empresarios de la isla. «El único que respaldó la operación fue la empresa Ice Property», ha afirmado durante su intervención, en referencia a Ice Properties.
La empresa adquirió el 9 de agosto de 2024 el crédito hipotecario que gravaba la vivienda de su hermana. Posteriormente, el 20 de diciembre de ese mismo año, Miguel Tur compró el inmueble y formalizó una hipoteca a su nombre para financiar la adquisición.
El concejal ha precisado que los contactos con la sociedad comenzaron a mediados de julio de 2024, unos veinte días antes de la adquisición del crédito y más de tres meses después de que la Junta de Gobierno Local aprobara, el 4 de abril, una licencia urbanística relacionada con Ice Properties.
También ha asegurado que el crédito quedó liquidado mediante un cheque bancario en el momento de formalizar la compraventa ante notario.
«No hubo descuentos ni condonaciones, ni aplazamientos ni condiciones especiales», ha declarado, al tiempo que ha negado que quedara alguna obligación económica pendiente entre él, su hermana y la sociedad.
Tur reconoce reparos en contratos, pero rechaza irregularidades
En su respuesta inicial, Miguel Tur ha explicado que el grueso de los dos millones de euros mencionados por el PSOE corresponde a contratos adjudicados mediante procedimientos abiertos, entre ellos las obras de la escoleta de Sant Rafel, con un importe de 1,52 millones de euros.
Respecto a sus propias áreas municipales, ha detallado que las concejalías de Fiestas y Comercio adjudicaron 16 servicios a empresas de este entorno por 74.704 euros durante la legislatura. Según su exposición, ocho cumplían las bases de ejecución presupuestaria y los otros ocho presentaban observaciones de los servicios económicos municipales.
Entre los casos enumerados figuran contrataciones de seguridad para distintos eventos, como el Rock Nights Festival y el mercado de Navidad, así como trabajos de reparación de toldos. Tur ha explicado que algunas observaciones de Intervención aludían a posibles fraccionamientos de contratos menores, mientras que otras contrataciones se justificaron por necesidades urgentes o circunstancias específicas de los eventos.
Licencias urbanísticas y participación en Junta de Gobierno
Otro de los principales puntos de controversia ha sido la participación del concejal en decisiones de la Junta de Gobierno Local relacionadas con Ice Properties, entre ellas la licencia concedida el 4 de abril de 2024 para construir 16 viviendas en la calle des Vedranell y la aceptación, el 15 de abril de 2025, de una cesión de terrenos a favor del Ayuntamiento.
Tur ha defendido que la primera licencia se concedió antes de que comenzaran sus contactos con la empresa, mientras que la cesión de terrenos se aprobó después de que hubiera liquidado su deuda con la sociedad. También ha asegurado que los acuerdos municipales contaban con informes técnicos y jurídicos favorables.
Marcos Serra niega trato de favor y defiende actuación municipal
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha cerrado el debate respaldando las explicaciones de Miguel Tur y rechazando que la operación inmobiliaria haya condicionado decisiones municipales.
«¿Ha condicionado esta operación alguna decisión del ayuntamiento? ¿Ha supuesto algún privilegio o alguna autorización excepcional para las empresas implicadas? La respuesta es no», ha afirmado Serra.
El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento ha iniciado expedientes urbanísticos y procedimientos sancionadores relacionados con empresas de este entorno, lo que, a su juicio, demuestra que no han recibido un tratamiento privilegiado.
También ha recordado que Tur tiene delegadas competencias en Turismo, Fiestas, Comercio y Desarrollo de la Economía Local, pero no dirige las áreas de Urbanismo, Actividades, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas o Medio Ambiente. No obstante, ha reconocido que sigue teniendo responsabilidades como integrante de la Junta de Gobierno Local.
Serra ha insistido en que las responsabilidades políticas deben sustentarse en hechos y actuaciones concretas, y no únicamente en sospechas derivadas de una relación económica privada.
Por su parte, el PSOE ha mantenido que las explicaciones ofrecidas durante el pleno son insuficientes y ha reiterado su petición de acceso a los expedientes municipales pendientes. Tur ha señalado que desde el inicio de la legislatura se han recibido más de 170 solicitudes de acceso a documentación y ha defendido que se están atendiendo progresivamente.










