El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb con una multa de 64 millones de euros por la publicación de anuncios de alojamientos sin licencia y otras prácticas consideradas contrarias a la normativa de consumo. Así lo ha informado este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que subraya que la resolución es firme y pone fin a la vía administrativa.
La sanción se ha impuesto tras resolverse el recurso de alzada presentado ante el propio ministro de Consumo y afecta a un total de 65.122 anuncios detectados en la plataforma. Según el Ministerio, estas publicaciones constituyen prácticas comerciales desleales hacia los consumidores y usuarios, al incumplir de forma reiterada las obligaciones legales vigentes.
Entre las irregularidades detectadas figura la publicación de anuncios de viviendas turísticas sin licencia, en contra de lo que establecen la mayoría de las normativas autonómicas, que obligan a indicar el número de registro en toda publicidad. Consumo también ha identificado anuncios con números de licencia falsos o incorrectos, así como otros que no informan de manera veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que supone un supuesto de publicidad engañosa.
Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto a Airbnb una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros, una cuantía que, según el propio departamento, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento inicial hasta la retirada de los anuncios. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente, en distintos autos, la orden ministerial de retirada de los contenidos ilícitos.
La resolución incluye además dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a eliminar los anuncios irregulares y a hacer pública la multa impuesta, con el objetivo de corregir los incumplimientos detectados y garantizar la transparencia frente a los consumidores.
Al margen de la sanción principal, el Ministerio ha identificado otras infracciones adicionales. Por un lado, ha apreciado el incumplimiento del régimen de los contratos celebrados a distancia, al omitirse información esencial sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, una infracción leve sancionada con 10.000 euros. Por otro, se ha constatado la obstrucción a la labor inspectora, al no atender la plataforma los requerimientos de información durante la instrucción del expediente, lo que ha dado lugar a otra multa leve de 10.000 euros.
Asimismo, Consumo ha sancionado con 55.000 euros una infracción grave por el incumplimiento de las órdenes y medidas provisionales dictadas por el órgano instructor durante la tramitación del procedimiento, destinadas a evitar riesgos o perjuicios para los consumidores.
En paralelo, el Ministerio ha recordado que mantiene expedientes sancionadores abiertos contra diversas agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en el marco de su actuación en materia de vivienda.
Todas estas medidas se inscriben en la estrategia del departamento dirigido por Bustinduy para hacer frente a la crisis de la vivienda, uno de los principales problemas sociales en España. El ministro ha señalado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y ha recalcado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
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