La polémica por el recorte de 15 días en la temporada de las licencias estacionales de taxi en Sant Josep ha entrado en una nueva fase política. Tras semanas de malestar en el sector, toda la oposición municipal —PSOE, VOX, Ara Eivissa, Unides Podem y la concejal no adscrita Raquel Ripoll— ha unido fuerzas para intentar forzar al Ayuntamiento a rectificar una decisión que retrasa el inicio del refuerzo del servicio en 2026.
Los grupos firmaron y registraron una iniciativa conjunta para que el pleno instara a la Junta de Gobierno a revocar el acuerdo adoptado el 30 de enero, por el que se modificaron las fechas previstas en el plan 2025-2028. Según sostienen, el cambio se aprobó sin consenso suficiente con el sector, sin informes técnicos ni jurídicos y sin coordinación con el resto de municipios de la isla, pese al impacto directo que tiene sobre la campaña de primavera y el arranque de la temporada turística.
El punto de fricción
El calendario inicial contemplaba que el primer turno de licencias temporales comenzara el 15 de abril y el segundo el 1 de mayo, pero la modificación aprobada por el Ayuntamiento desplaza esas fechas al 1 de mayo y al 15 de mayo, respectivamente. Eso supone recortar 15 días de actividad en el inicio de la temporada y dejar sin ese refuerzo fechas especialmente sensibles para Sant Josep, coincidiendo con las aperturas de grandes establecimientos de ocio del municipio.
A partir de ahí, el conflicto dejó de ser solo sectorial para convertirse también en una batalla institucional. La oposición quiso que su escrito se debatiera en el pleno como una moción formal, pero el alcalde, Vicent Roig, dictó un decreto para rechazar su inclusión en el orden del día en esos términos. La Alcaldía considera que lo planteado no encaja como moción, sino como un ruego, al referirse a un asunto que entiende reservado a la Junta de Gobierno.
Esa decisión ha sido interpretada por los grupos firmantes como una forma de evitar una votación incómoda sobre uno de los asuntos más delicados de la movilidad en plena precampaña turística. Desde la oposición se insiste en que el pleno debía pronunciarse políticamente sobre una medida que, a su juicio, perjudica a los profesionales del taxi y compromete la calidad del servicio en momentos de fuerte demanda. Según ha señalado, se trata de “una maniobra para evitar que la decisión de la Junta de Gobierno sea sometida al control democrático del pleno”. En esa línea, la oposición cargó contra el alcalde: “Lo que ha hecho Roig es un ejemplo claro de caciquismo institucional”.
En paralelo, VOX ha elevado todavía más la presión con una nota propia en la que asegura haberse reunido con las tres asociaciones del taxi de Sant Josep y en la que subraya que alrededor de 50 profesionales participaron en ese encuentro. La formación vincula el recorte a la situación de 400 familias y sostiene que el sector mantiene la reclamación de volver al calendario inicialmente previsto, con inicio el 15 de abril.
La portavoz y concejal de VOX en el municipio, Araceli Colomar, ha cuestionado: «No vamos a permitir que se silencie la voz de 400 familias por una decisión unilateral y sin consenso. Es gravísimo que el alcalde pretenda evitar el debate en el Pleno de una moción respaldada por el sector y por varios grupos municipales. Esto no solo vulnera el principio democrático, sino que demuestra una absoluta falta de respeto hacia el colectivo del taxi”.
El Ayuntamiento insiste en que «no se ha censurado»
El Ayuntamiento, por su parte, rechaza de plano esa lectura y sostiene que “en ningún momento se ha censurado el debate”. La versión municipal es que el asunto podrá tratarse igualmente, aunque en el apartado de ruegos y preguntas, porque el pleno no puede votar sobre una cuestión que, según defiende el equipo de gobierno, corresponde al ámbito competencial de la Junta de Gobierno. Además, el Consistorio asegura que la decisión se adoptó tras consultar con la Asociación de Taxistas de Sant Josep y recuerda que los grupos ahora críticos tuvieron acceso a las actas y no formularon objeciones en ese momento.
Con este movimiento, el frente abierto contra el Ayuntamiento ya no se limita a la protesta del sector ni a las críticas aisladas de un partido concreto, sino que agrupa a toda la oposición municipal y a una parte significativa del taxi del municipio. La presión política y social se concentra ahora en el pleno de marzo, donde el debate se celebrará previsiblemente sin votación, salvo giro de última hora.
Enfrentamiento
Sobre el fondo del conflicto, la Asociación de Conductores Profesionales del Taxi de Sant Josep, mayoritaria en el municipio, sostiene que el recorte no es un simple ajuste de calendario, sino una pérdida efectiva de entre 15 y 16 días de actividad en un tramo clave del arranque de temporada. El colectivo denunció que se enteró del cambio “de casualidad”, a través de una captura que empezó a circular entre profesionales, y resumió su malestar con una frase que ha acabado marcando la polémica: “No se puede cambiar la baraja ni las normas del juego con la partida empezada”. Después, la asociación presentó además un recurso de reposición contra la modificación del calendario al considerar que genera inseguridad jurídica, recorta la duración de los contratos de los asalariados y puede afectar tanto al empleo como a la movilidad en plena campaña turística.
El Ayuntamiento defiende justo la tesis contraria. El Consistorio asegura que el retraso del inicio de las licencias temporales se adoptó con criterios técnicos y previsiones reales de demanda, y mantiene que “habrá taxis suficientes para las aperturas” de las discotecas aunque los estacionales no entren en funcionamiento hasta mayo. En ese argumento añade que tendrá operativa “la flota fija al 100 % (un total de 106 taxis)” y que también podrán operar en Sant Josep los taxis con licencia ordinaria del resto de la isla. Además, subraya que las fechas “se han hablado” con la Federación Insular del Taxi de Ibiza (FITIE), a la que presenta como aval de una planificación hecha con visión insular y no solo municipal.
