Las patronales del taxi de Baleares están moviendo ficha para influir en posibles cambios legislativos en pleno proceso de regulación del sector, apenas semanas después de que se aprobara el nuevo reglamento autonómico del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
En este contexto, la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha trasladado a la Conselleria un documento con propuestas concretas para modificar la Ley de Transportes de Baleares (Ley 4/2014), mientras que otras asociaciones del sector también han realizado planteamientos en las reuniones que la administración mantiene con representantes del taxi.
Según ha podido confirmar La Voz de Ibiza, la Federación Independiente del Taxi de Baleares (FITIB) también ha trasladado propuestas a la Conselleria en el marco de estos contactos, aunque por el momento la organización evita detallar su contenido mientras continúan las conversaciones con el Govern.
La propia Conselleria ha admitido que se están celebrando reuniones con asociaciones del sector, si bien no ha querido informar todavía sobre posibles cambios normativos ni sobre el resultado de estos encuentros.
Este medio ha constatado que el sector se mantiene expectante de posibles “sorpresas” y novedades a lo largo de la próxima semana.
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Refuerzo de competencias insulares y municipales
La FEBT ha remitido a la administración un documento con planteamientos para modificar la Ley 4/2014 de Transportes Terrestres de Baleares, norma que constituye la base del sistema regulatorio del sector y que posteriormente fue modificada por el Decreto-ley 2/2023 y por la Ley 1/2024.
Entre los cambios planteados por la patronal del transporte figuran varias modificaciones relevantes para el funcionamiento del sector.
Una de las propuestas es modificar el artículo 6 de la Ley de Transportes de Baleares para concretar las competencias de los consells insulares, introduciendo de forma expresa que puedan regular mediante reglamentos propios distintos aspectos del sector.
En concreto, el documento propone añadir que los consells puedan establecer “la regulación mediante reglamento insular de las autorizaciones de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo, incluidos los servicios de taxi y de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC)”, así como “la determinación, mediante reglamento, de las condiciones de prestación del servicio, del número de autorizaciones y de los requisitos aplicables a estas actividades”.
Según argumenta la patronal en su documento, explicitar estas competencias en la ley permitiría reforzar la capacidad normativa de las instituciones insulares y dotar de mayor seguridad jurídica al sector, evitando interpretaciones ambiguas sobre quién puede regular determinados aspectos del transporte de pasajeros. La federación defiende que la regulación mediante reglamentos insulares facilitaría adaptar las condiciones del servicio y el número de autorizaciones a la realidad de cada isla
Otra de las propuestas plantea clarificar el régimen de las licencias temporales que conceden los ayuntamientos durante la temporada turística, de forma que su regulación se establezca mediante reglamentos municipales y no mediante decretos u ordenanzas municipales.
La patronal defiende que la regulación mediante reglamentos municipales facilitaría adaptar el número de licencias temporales a la demanda real de cada municipio y aportaría seguridad jurídica.
Nueva figura de transporte privado y registro de vehículos
Otra de las modificaciones planteadas por la Federación Empresarial Balear de Transportes propone incorporar a la ley una regulación específica para el denominado “transporte privado complementario de viajeros”, una actividad que actualmente existe en la práctica pero que no cuenta con un encaje claro en la normativa autonómica.
Según plantea el documento, esta categoría incluiría servicios de transporte vinculados a la actividad de una empresa —por ejemplo hoteles o compañías que trasladan clientes o trabajadores— realizados con vehículos de hasta nueve plazas.
La propuesta plantea introducir esta figura en la ley para diferenciarla del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En este sentido, el documento señala que se trata de un transporte que se presta sin necesidad de una autorización específica de transporte público, siempre que esté vinculado a la actividad principal de la empresa que lo ofrece.
Este tipo de servicios ya existe actualmente, pero no está sujeto al mismo régimen de control que taxis o VTC y los vehículos no llevan la placa azul identificativa, lo que en ocasiones provoca confusión con servicios ilegales o “piratas”.
En paralelo, la FEBT propone crear un registro específico de estos vehículos, con el objetivo de identificar las actividades de transporte que actualmente operan al margen del sistema de autorizaciones del taxi y de las VTC. Según argumenta la patronal, esta medida permitiría ordenar una actividad que hoy carece de control administrativo específico, diferenciar claramente entre transporte público y transporte privado vinculado a actividades empresariales y reforzar la seguridad jurídica del sector.
Tras el reglamento
Estos movimientos del sector se producen tras la aprobación en febrero del nuevo reglamento del taxi y las VTC que impulsa el Govern, una norma destinada a desarrollar la legislación vigente y ordenar el funcionamiento del servicio en Baleares.
El reglamento se apoya en la Ley 4/2014 de Transportes, modificada posteriormente por el Decreto-ley 2/2023 y la Ley 1/2024, que introdujeron cambios relevantes en la regulación del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor para adaptarla a sentencias judiciales y a la evolución del mercado.
En este escenario, las asociaciones del taxi mantienen contactos con la administración autonómica ante la posibilidad de que se presenten nuevas enmiendas legislativas que vuelvan a modificar el marco normativo del transporte en las islas.
A su vez, las asociaciones vienen reclamando al Govern medidas más contundentes para frenar la avalancha de solicitudes de licencias de vehículos de alquiler con conductor, que en el archipiélago rondan las 10.000 —unas 3.500 en Mallorca y cerca de 6.500 en Ibiza— y que, a su juicio, pondrían en riesgo el equilibrio del modelo actual de movilidad.
Además, los taxistas han reclamado cambios en distintos aspectos de la regulación del servicio, como la exigencia que impone el reglamento de usar una app autonómica que reemplace a las existentes o el pedido de medidas para facilitar el relevo generacional y las jubilaciones en el sector.
