El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, confirmó este martes que dos embarcaciones de vigilancia se destinarán a Ibiza y Formentera. Además, señaló que, si es posible, una de ellas tendrá base fija en Formentera durante la temporada alta.
El anuncio llegó en respuesta al diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, que preguntó cuántas barcas tendrán base en la isla dentro del despliegue de 22 embarcaciones de Ports IB para reforzar la seguridad, el control y la sostenibilidad marítima en Baleares.
Córdoba recordó que hasta ahora “en ningún momento se ha hablado de una base fija en Formentera”, a pesar de que la isla cuenta con un litoral “muy frágil” y sufre una gran presión marítima en verano.
El diputado insistió en que la presencia debe ser estable porque “Formentera no puede vivir siempre de las sobras de Ibiza” y que, de no ser así, la respuesta ante cualquier intervención sería lenta.
Lafuente defendió que ya se han multiplicado los controles al chárter náutico, reforzando un área “desprotegida y desatendida”, y pidió más medios al Gobierno central para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, al que calificó de “totalmente desbordado” por la presión de la inmigración ilegal.
Una flota de 22 embarcaciones
Tal como avanzara La Voz de Ibiza el pasado junio, el Govern balear prepara un nuevo cuerpo de vigilancia marítima con 22 embarcaciones adquiridas por Ports IB. De ellas, 12 pequeñas se destinarán a la gestión dentro de los puertos, mientras que 10 de mayor tamaño operarán en la costa y el litoral.
Según explicó entonces el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, se prevé que dos de esas barcas trabajen en Ibiza y Formentera, otras dos en Menorca y seis en Mallorca.
Las primeras tres unidades llegaron a mediados de julio para iniciar los controles.
Las funciones de la «policía del mar» del Govern
La flota vigilará principalmente los campos de boyas y el chárter náutico, con capacidad para iniciar expedientes cuando detecte actividades sin la documentación requerida. Aunque algunos la han calificado como una “policía del mar”, Mercant matizó que se trata de un servicio con función preventiva y educativa, más que sancionadora.
Las embarcaciones serán propiedad de Ports IB, pero estarán gestionadas por la empresa pública Tragsa, y podrán embarcar funcionarios de distintas administraciones: desde Guardia Civil y policías locales hasta inspectores de transporte marítimo o de costas.
