La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma ha desestimado íntegramente el recurso de dos empresas sancionadas por el Consell de Ibiza por prestar transporte público discrecional de viajeros sin autorización. El fallo respalda la actuación de la institución insular contra el transporte ilegal y condena a las recurrentes al pago de las costas procesales.
Dos mercantiles catalanas, sancionadas
Las empresas afectadas son Luxury Cars 2006 BCN SL y ALFI BCN 2013 SL, que recurrieron la resolución sancionadora dictada por el Consell Insular. Según la nota de prensa difundida por la propia institución, ambas firmas trataron de justificar su actividad mediante contratos de alquiler de vehículos sin conductor, pese a que los coches acababan utilizándose para prestar servicios de transporte público sin la licencia preceptiva.
Documentación «insuficiente e incoherente»
La sentencia considera que la documentación aportada por las empresas era «insuficiente e incoherente» y avala el criterio del Consell ante una fórmula que pretendía dar apariencia de legalidad a una actividad irregular. El tribunal sostiene que la Administración no está obligada a aceptar una simple apariencia documental cuando el conjunto de indicios apunta a una práctica fuera de norma.
Aval a la labor inspectora
El fallo refuerza el trabajo inspector y jurídico desarrollado por la institución contra el intrusismo en un sector convulso, marcado por la presión del taxi para reforzar los controles sobre Uber y Cabify y por la avalancha de solicitudes de licencias VTC en la isla. Desde el Consell se subraya que la resolución supone un nuevo respaldo a la persecución de aquellas estructuras que tratan de eludir la normativa mediante contratos o fórmulas mercantiles con apariencia legal.
«Inspección, sanciones y defensa firme»
El conseller de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado que la sentencia «demuestra que el Consell está preparado para perseguir no solo el transporte ilegal evidente, sino también aquellas fórmulas que intentan disfrazar actividades irregulares bajo una apariencia de legalidad». El responsable insular ha añadido que quien cumple la normativa «tiene al Consell a su lado», mientras que quienes operen al margen de la ley se encontrarán con «inspección, sanciones y una defensa jurídica firme».
Coordinación de áreas
La institución pone en valor el trabajo conjunto de los servicios de inspección, los técnicos del área de Movilidad y los servicios jurídicos del Consell, una coordinación que ha permitido detectar prácticas irregulares, sancionarlas y defender con éxito los expedientes en sede judicial.
