Las enmiendas del PP a la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible, incluidas en la ley ómnibus de proyectos estratégicos que el Parlament votará este martes, ponen bajo control directo a Uber, Cabify y otras plataformas que asignan viajes en Baleares. El texto, al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, obliga a estas empresas de intermediación a comprobar que cada vehículo dispone de la autorización urbana o interurbana necesaria antes de derivarle un servicio.
La medida forma parte del paquete pactado por PP y PSIB para reforzar el cerco legal a las VTC y evitar que la responsabilidad por un servicio irregular recaiga solo sobre el conductor o la empresa titular del coche. Con la nueva redacción, también podrá responder la plataforma que organiza, canaliza o asigna el viaje mediante herramientas informáticas.
Aunque el texto no cita marcas comerciales, la redacción apunta a las plataformas digitales que intermedian servicios de transporte. La ley las define como empresas de intermediación que tengan la consideración de servicio de transporte, una fórmula técnica que permite al Govern exigirles datos, controles previos y responsabilidad administrativa cuando asignen viajes a vehículos sin habilitación. Las enmiendas explicitan que el prestador de intermediación responderá cuando, mediante herramientas informáticas, ofrezca servicios y el vehículo asignado carezca de autorización urbana o interurbana correspondiente.
Control directo a plataformas
El principal cambio aparece en el nuevo artículo 74 sexies, que regula las condiciones que deberán cumplir las empresas que intermedian servicios de transporte. El primer punto exige condiciones contractuales “claras y transparentes” con los titulares de licencias y autorizaciones adscritos a su servicio, con respeto a la legislación laboral y de Seguridad Social.
Las enmiendas también obligan a permitir el acceso de la Inspección de Transportes a los datos de los servicios intermediados, en los términos que determine la Administración y con garantías propias del procedimiento administrativo. Además, estas empresas deberán establecer un canal de comunicación directo y accesible con la Administración para gestionar incidencias y suministrar información necesaria para ordenar el sector.
El punto más relevante es la obligación de verificar cada servicio. Las empresas de intermediación deberán comprobar que los vehículos a los que asignan servicios disponen de la autorización correspondiente al ámbito urbano o interurbano solicitado por el usuario. También deberán contar con una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños derivados de su actividad.
No solo conectar usuario y coche
En la práctica, el cambio busca impedir que una plataforma pueda limitarse a alegar que solo conecta usuarios y conductores. Si asigna el viaje, deberá comprobar que el vehículo puede hacerlo legalmente en el ámbito concreto del servicio solicitado.
Ese matiz es clave en Baleares, donde el Govern quiere separar con más claridad las autorizaciones urbanas, interurbanas e insulares, y reforzar su posición ante las miles de solicitudes de nuevas VTC pendientes. El acuerdo político fue presentado al sector como una fórmula para levantar un muro legal contra Uber y otras plataformas VTC tras la presión del taxi.
La reforma también conecta con el pulso por las miles de autorizaciones solicitadas en Baleares, con especial impacto en Ibiza. Las VTC tradicionales ya se habían alineado con el taxi ante la avalancha de nuevas licencias para la isla, en un contexto en el que el sector distingue entre operadores locales y plataformas de mayor escala.
Responsabilidad administrativa
El artículo 76 completa el cerco. Las enmiendas atribuyen responsabilidad administrativa al prestador de un servicio de intermediación que tenga consideración de servicio de transporte y que, mediante herramientas informáticas, ofrezca servicios cuando el vehículo asignado carezca de la autorización urbana o interurbana correspondiente.
Ese cambio permite al Govern dirigir la actuación sancionadora también contra quien organiza el servicio a través de una plataforma. La Administración podrá actuar no solo contra el vehículo que realiza el trayecto, sino contra la empresa que lo ha asignado si no ha comprobado la autorización exigida.
La regulación va acompañada de un endurecimiento del régimen sancionador para los servicios de transporte sin título habilitante o canalizados por medios digitales. El texto incluye como infracción muy grave ofrecer o prestar servicios publicitados en páginas web, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea u otros canales de comercialización sin el título habilitante correspondiente.
Mercado cada vez más digital
El artículo 5 de las enmiendas funciona como base de este nuevo control. El texto atribuye al Govern la planificación y ordenación de los transportes terrestres, las actividades auxiliares y complementarias, y las actividades de intermediación en transporte de viajeros que tengan consideración de servicios de transporte.
Ese cambio permite al Govern reforzar la vigilancia sobre un mercado en el que la contratación y asignación de servicios ya no depende solo de oficinas físicas, llamadas telefónicas o paradas, sino también de aplicaciones móviles y plataformas. La intermediación digital pasa así a quedar dentro del radar directo de la Administración autonómica.
El paquete forma parte de una estrategia más amplia para ordenar el transporte antes de que la batalla por las solicitudes pendientes llegue de lleno a los tribunales. La moratoria de licencias de taxi y VTC fue prorrogada precisamente para evitar un desembarco descontrolado de nuevas autorizaciones, mientras que el reglamento autonómico del taxi y las VTC nació bajo la presión de miles de solicitudes pendientes.
Letra pequeña pendiente
La votación del martes puede convertir esta regulación en ley, aunque su aplicación práctica dependerá de cómo delimite la Consellería qué operadores tienen la consideración de empresas de intermediación de servicios de transporte. El objetivo político es controlar a las plataformas que asignan viajes y cerrar vías de actividad irregular, pero la fórmula elegida es amplia y requerirá interpretación administrativa.
El texto no menciona nombres de empresas ni limita expresamente el nuevo régimen a plataformas VTC. Tampoco excluye de forma explícita a centrales de radio taxi, cooperativas o aplicaciones propias del taxi, lo que ha despertado dudas en una parte del sector sobre el alcance real de la medida. La Voz de Ibiza ha consultado a la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad si esas herramientas del taxi quedarían fuera de las obligaciones previstas para las empresas de intermediación, pero por ahora no ha obtenido respuesta.
La ley ómnibus se ha convertido en el vehículo parlamentario para introducir estos cambios sin tramitar una ley específica del taxi y las VTC desde cero. Si sale adelante, las plataformas que canalicen servicios de transporte en Baleares estarán obligadas a comprobar autorizaciones, facilitar datos a Inspección y asumir responsabilidad por los viajes que asignen sin habilitación adecuada.
