El Ayuntamiento de Santa Eulària ha dado detalles sobre el desalojo del asentamiento conocido como Can Rova 2 por motivos de seguridad y salubridad, que se ha iniciado esta mañana por la Policía Local y los distintos departamentos del consistorio, junto con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional).
La juez de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Palma ha basado su auto para determinar el desalojo en los diferentes informes técnicos elaborados por servicios técnicos municipales en los que quedaba acreditado el riesgo de electrocución, incendio y explosión en esa zona debido a las precarias instalaciones eléctricas y el uso de bombonas de gas butano, así como por la acumulación de basura y matorrales en Can Rova 2.
El primer reconocimiento, realizado por un ingeniero municipal y un electricista, ha servido para desconectar toda la red eléctrica que pudiera suponer un riesgo tanto para los ocupantes como para las fuerzas policiales y miembros del operativo.
Por su parte, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y personal del departamento de Servicios Sociales han informado a las personas residentes que tenían hasta las 15:00 horas de este miércoles para retirar sus enseres personales y abandonar la finca.
A su vez, se ha realizado un primer cribaje a las personas de mayor vulnerabilidad, como son los menores de edad o personas con discapacidad.
En tanto, se había instalado una valla en el perímetro de manera ilegal por los moradores, por la que discurre una de las principales arterias que da suministro de agua a la Ciudad de Ibiza.
“Ante la situación descrita anteriormente, y por la prohibición por parte de las personas que habían ocupado el solar de dejar entrar a los servicios técnicos municipales, el Ayuntamiento de Santa Eulària inició un expediente de orden de ejecución y puso en marcha un protocolo operativo para la demolición del asentamiento”.
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