La polémica por el balizamiento instalado en la zona de Sa Punta – Es Viver sigue escalando en Ibiza. Un vecino de Vila ha llevado el conflicto ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Baleares mientras cuestiona la legalidad de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Ibiza para retirar embarcaciones y acabar con lo que el Consistorio denomina un “puerto encubierto”.
El caso se produce meses después de que el Ayuntamiento iniciara el balizamiento de la zona con el objetivo de impedir los fondeos irregulares y recuperar este tramo del litoral.
El origen del conflicto: el “puerto encubierto” de Sa Punta
La actuación municipal arrancó oficialmente en febrero de 2026, cuando el Ayuntamiento de Ibiza instaló una línea de boyas en Sa Punta para evitar el fondeo de embarcaciones en una zona que, según el Consistorio, se había convertido en un “puerto encubierto”.
La medida incluía un período de cortesía para que los propietarios retiraran voluntariamente sus embarcaciones antes de marzo. El Ayuntamiento defendió entonces que las barcas suponían: riesgos para bañistas, daños medioambientales y afecciones sobre la posidonia mediante muertos de hormigón y sistemas de fondeo irregulares.
Semanas después comenzaron además trabajos de retirada de elementos utilizados para los amarres ilegales, en medio de tensión con algunos usuarios de la zona e incluso con intervención policial tras un altercado con operarios municipales.
Amarristas históricos y vecinos, divididos
La actuación municipal abrió también una fuerte división entre usuarios tradicionales del enclave.
Mientras el Ayuntamiento defendía la necesidad de recuperar el litoral y proteger el entorno marino, asociaciones de amarristas históricos denunciaron sentirse “expulsados sin previo aviso” de una zona que aseguran utilizar desde hace décadas.
Algunos usuarios sostienen además que existían acuerdos históricos y usos consolidados del canal náutico de Sa Punta.
La denuncia: “No se nos muestra el expediente”
En este contexto aparece ahora la ofensiva administrativa y jurídica impulsada por Manuel Serrano Vila.
Según la documentación aportada por el vecino, desde el pasado 23 de febrero viene solicitando formalmente acceso al expediente administrativo relacionado con:
- el balizamiento,
- las autorizaciones,
- la modificación del canal náutico,
- y las actuaciones de retirada de embarcaciones.
Sin embargo, sostiene que hasta la fecha:
- no se le ha facilitado el número de expediente,
- no ha recibido copia de resoluciones,
- ni acceso íntegro a la documentación solicitada.
El alcalde aseguró públicamente que sí existe expediente
La controversia aumentó después del pleno municipal celebrado el pasado 30 de abril.
Según Serrano, durante esa sesión el alcalde Rafael Triguero afirmó públicamente que sí existe expediente administrativo y que las actuaciones cuentan con autorizaciones tanto de Costas como de la Conselleria del Mar.
Aun así, el denunciante insiste en que sigue sin poder acceder a dicha documentación.
“Si realmente existe un expediente o una autorización, lo lógico sería que se mostrara”, sostiene.
Avisos de retirada y dudas sobre la legalidad
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la colocación de adhesivos y avisos sobre embarcaciones fondeadas en la zona.
Serrano sostiene que esos avisos:
- no identifican las embarcaciones,
- no incluyen número de expediente,
- ni contienen resolución administrativa o autoridad firmante.
En sus escritos llega incluso a advertir de una posible “vía de hecho administrativa” si las actuaciones materiales estuvieran ejecutándose sin cobertura jurídica suficiente.
El caso llega al Consejo de Transparencia
Ante la falta de respuesta, el vecino presentó una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Baleares.
En ella denuncia que el Ayuntamiento no ha contestado a sus solicitudes de acceso a información pública pese al tiempo transcurrido.
Posteriormente remitió además un escrito de “impulso procedimental” en el que advierte incluso de posibles acciones contencioso-administrativas por inactividad administrativa.
Costas reconoce que existe autorización
Parte del conflicto gira precisamente alrededor de la autorización del balizamiento.
En uno de los documentos aportados por Serrano consta que la Demarcación de Costas informó el pasado 27 de abril de que sí existe autorización y que esta habría sido otorgada por la Direcció General de Costes i Litoral del Govern balear.
No obstante, el denunciante sostiene que tampoco se le ha facilitado el contenido íntegro de esa autorización ni el expediente completo.
Sin respuesta oficial del Ayuntamiento
La Voz de Ibiza se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ibiza para conocer detalles sobre el operativo de retirada de embarcaciones, la cantidad de elementos extraídos y las actuaciones desarrolladas desde febrero en Sa Punta – Es Viver. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta información no se había recibido respuesta oficial por parte del Consistorio.
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