CONTRATA DEL AGUA

Sant Antoni recurrirá el fallo que obliga a entregar a Aqualia la contrata millonaria del agua

El Ayuntamiento acudirá al Supremo para defender la adjudicación a FACSA y advierte de las consecuencias económicas de un cambio de empresa tras casi ocho años de gestión.
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Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni.

El Ayuntamiento de Sant Antoni recurrirá en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anula la adjudicación del servicio de agua potable y saneamiento a FACSA en 2018 y ordena adjudicarlo a Aqualia. El Consistorio ha anunciado este jueves, 19 de noviembre, su decisión para defender la validez del concurso y examinar las consecuencias económicas de un eventual cambio de gestora.

La resolución afecta a una concesión de 25 años y un valor estimado cercano a los 100 millones de euros, adjudicada por el pleno el 21 de noviembre de 2018, bajo el gobierno del socialista José Tur «Cires». FACSA asumió el servicio en marzo de 2019, hasta entonces gestionado por Aqualia. Como informó La Voz de Ibiza, el fallo revierte una primera sentencia de 2023 favorable a la adjudicación municipal.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, la sentencia 650/2026, dictada el 12 de noviembre, concluye que los pliegos exigían respetar los costes del denominado «Año Base», recogidos en el anexo V del concurso. Según la Sala, solo Aqualia cumplió ese requisito entre las siete licitadoras. Por ello, ordena retrotraer el expediente hasta la fase de admisión de ofertas, excluir las otras seis y continuar la adjudicación con Aqualia como única aspirante admitida.

La decisión no implica repetir la valoración de las propuestas ni convocar una nueva licitación. También rechaza la pretensión de FACSA de cuestionar la legitimación de Aqualia para impugnar el contrato. Frente a ese pronunciamiento, el Ayuntamiento anuncia que preparará e interpondrá el recurso de casación dentro del plazo legal, al considerar que debe defender un procedimiento que fue avalado en primera instancia.

Los argumentos del Ayuntamiento

El alcalde, Marcos Serra, sostiene que el asunto requiere un análisis jurídico y económico. «Nuestra intención es recurrir esta sentencia y defender los intereses del Ayuntamiento. Estamos hablando de una concesión adjudicada en 2018 que ya acumula muchos años de gestión e inversiones para mejorar el servicio, por lo que un eventual cambio de empresa tendría consecuencias importantes para el Consistorio», ha explicado.

Serra añade que el propósito es «buscar siempre el interés del Ayuntamiento y procurar que las consecuencias económicas y de cualquier otro tipo sean las mínimas posibles». El comunicado municipal no cuantifica esos posibles costes ni detalla cómo se llevaría a cabo un hipotético cambio de operadora si se confirma el fallo.

Mientras se dilucida el futuro de la contrata, el Ayuntamiento asegura que el suministro de agua potable y el saneamiento continuarán prestándose con normalidad. No ha comunicado una fecha para el eventual relevo de FACSA ni ha anunciado cambios en el servicio a los vecinos.

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