AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

La Justicia anula la millonaria contrata del agua de Sant Antoni adjudicada a FACSA y obliga a entregarla a Aqualia

El TSJIB invalida la adjudicación aprobada en 2018 por incumplimientos de las condiciones económicas del concurso. La concesión, prevista para 25 años, deberá recaer en la empresa que recurrió el procedimiento.
La empresa FACSA ganó la licitación en 2018 del Ayuntamiento de Sant Antoni

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Sant Antoni a FACSA, aprobada en noviembre de 2018 por el Ayuntamiento, y ha ordenado que la concesión se adjudique a FCC Aqualia. La resolución, dictada el pasado 12 de noviembre, responde al recurso presentado por la compañía que gestionaba anteriormente el servicio municipal.

La decisión judicial deja sin efecto el acuerdo del pleno municipal del 21 de noviembre de 2018, adoptado durante el mandato del tripartito formado por PSOE, El Pi y Reinicia, encabezado por el socialista José Tur, conocido como Pep Tur ‘Cires’. El contrato contemplaba una duración de 25 años y un valor estimado en la licitación próximo a los 100 millones de euros.

Según ha adelantado este jueves el Periódico de Ibiza, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la apelación de Aqualia y ha revocado la sentencia que inicialmente había avalado la contratación. El tribunal considera que varias ofertas, incluida la de FACSA, incumplieron los requisitos económicos establecidos en los pliegos del concurso.

La resolución obliga a retroceder hasta la fase de admisión de las propuestas, excluir las que no respetaban las condiciones exigidas y continuar el procedimiento con Aqualia como única licitadora admitida. De este modo, el pronunciamiento judicial no plantea repetir la evaluación económica, sino corregir la adjudicación efectuada hace ocho años.

El origen del conflicto está en el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que fijaba los parámetros económicos que debían utilizar las empresas para preparar sus previsiones financieras. Entre ellos figuraban los ingresos y costes correspondientes al denominado Año Base, que servía como referencia para el primer ejercicio de explotación.

Aqualia defendió que sus competidoras habían alterado determinados costes que debían mantenerse conforme a las previsiones municipales. El TSJIB ha acogido esta interpretación al entender que aquellos valores constituían exigencias vinculantes y no simples orientaciones para elaborar las ofertas. Su modificación comprometía la comparación de las propuestas en condiciones de igualdad.

Un litigio iniciado en 2018

La controversia judicial se remonta al expediente municipal de contratación 1613/2017, correspondiente al concurso que permitió a FACSA asumir la gestión del agua en Sant Antoni en marzo de 2019, después de que Aqualia hubiera prestado anteriormente el servicio.

La documentación oficial consultada por La Voz de Ibiza permite reconstruir parte de los antecedentes. En concreto, el acta del pleno municipal del 27 de julio de 2023 recoge que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma había desestimado inicialmente la demanda de Aqualia mediante la sentencia 273/2023, del 1 de junio de aquel año.

Aquella resolución, dictada en el procedimiento ordinario 165/2018, confirmó la adjudicación y condenó en costas a la empresa recurrente. El Ayuntamiento dio cuenta oficialmente del pronunciamiento favorable a FACSA, aunque durante el pleno se recordó expresamente que todavía podía presentarse un recurso de apelación.

Ese recurso ha desembocado ahora en un pronunciamiento contrario al criterio mantenido en primera instancia, que obliga a revisar el resultado de una contratación aprobada hace ocho años y cuya ejecución se encuentra en marcha desde 2019.

La nueva sentencia también rechaza los argumentos de FACSA contra la legitimación de Aqualia para impugnar la adjudicación. Según precisa Periódico de Ibiza, la resolución permite presentar un recurso de casación en el plazo de 30 días desde su notificación.

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