El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni vivió este jueves uno de sus cruces más tensos del verano, con el conflicto de la Policía Local como telón de fondo. El Grupo Municipal Socialista presentó una moción de control sobre seguridad ciudadana y gestión de la Policía Local en la que exige la dimisión inmediata de la primera teniente de alcalde y concejala delegada de Obras Públicas, Infraestructuras y Seguridad Ciudadana, Neus Mateu Roselló. La respuesta de la concejala, en su turno de intervención, fue frontal: acusó al PSOE de utilizar «la mentira como herramienta política» y le exigió retirar la petición de dimisión.
El virulento cruce se da en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa el municipio y que comenzó hace unos 20 meses producto de una serie de reclamos de los efectivos de la Policía Local.
El texto del PSOE arranca reconociendo lo que la propia Junta de Personal de la Policía Local ya había admitido públicamente días atrás: la existencia de un conflicto sociolaboral que, según la moción, «arrastra más de 20 meses de desacuerdos económicos y normativos» con la corporación que preside el alcalde Marcos Serra.
Los socialistas remarcan que, según los representantes de los trabajadores, el Ayuntamiento «se ha negado reiteradamente a aplicar derechos de la plantilla reconocidos formalmente en informes del Secretario municipal», sin haber dado hasta ahora una respuesta satisfactoria.
El grupo municipal enmarca ese conflicto laboral como el trasfondo de lo que consideran el episodio más grave de la crisis: la jornada del miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar. Según la moción, pese al «dispositivo especial de movilidad» anunciado previamente por la Jefatura de Policía y el propio consistorio, la jornada derivó en «colapsos generalizados»: embotellamientos kilométricos en vías como S’Arenal, ruidos desmesurados y «una alarmante falta de presencia de agentes de la Policía Local en las calles». El texto añade que el retén policial «permaneció cerrado durante toda la tarde y la noche».
A ese colapso, sostienen los socialistas, se sumó la celebración de una macrofiesta privada en la playa de S’Arenal, a la que —según denuncian— asistió Neus Mateu en su zona VIP «mientras el municipio sufría graves problemas de movilidad y seguridad». Por ese motivo, el PSOE solicita su «dimisión inmediata por dejación de funciones».
La moción incluyó una batería de 14 preguntas de control dirigidas al alcalde y a la propia concejala, entre ellas si existió una orden de servicio específica para el operativo del eclipse, cuántos agentes causaron baja de última hora, por qué motivos el Ayuntamiento se niega a aplicar los derechos normativos «validados por el propio Secretario de la corporación», y si la concejala está dispuesta a presentar su dimisión «irrevocable».
La respuesta de Neus Mateu: «falsedades», «difamatorias» y amenaza de acciones legales
En su turno de respuesta, Neus Mateu rechazó de forma tajante el relato socialista. «La moción presentada por este grupo socialista no tiene rigor y utiliza la mentira como herramienta política para confundir a los ciudadanos de Sant Antoni de Portmany, de nuevo en su línea de oposición de desinformación a los ciudadanos», afirmó, calificando la iniciativa de «ninguna sorpresa» por tratarse, dijo, del «mismo estilo» de mociones que recibe habitualmente.
Sobre el punto más sensible —su presencia en la zona VIP del evento de S’Arenal— la concejala fue especialmente contundente: «Estas acusaciones sobre mi supuesta presencia en una zona VIP durante el Festival del Eclipse son totalmente falsas, difamatorias e inaceptables».
Según su versión, aquella tarde-noche estuvo «trabajando codo con codo con el jefe de la Policía Local revisando personalmente cada punto del dispositivo», y detalló que recorrió «las rotondas, los cortes de diferentes calles, la playa de S’Arenal, la playa de Codolar, etcétera».
Añadió que esa versión «también lo ha corroborado públicamente la Junta de Personal y los sindicatos» —en referencia al comunicado sindical difundido días atrás por SPPME, CSIF y UGT.
Mateu explicó que el dispositivo especial para el eclipse se preparó con meses de antelación: las horas extra se ofertaron desde el 4 de julio, y el plan operativo especial fue presentado a la Dirección General de Emergencias. Según su relato, estaba previsto contar con seis agentes de servicio ordinario, más los mandos, más 24 agentes de refuerzo tanto para el evento de S’Arenal como para el eclipse, pero «no se pudo cubrir todo» por bajas médicas e indisposiciones de última hora, sumadas a la voluntariedad de las horas extra.
Ante ese déficit, la concejala afirmó que ella misma, junto al jefe de Policía, terminó «patrullando por todos los puntos», con un oficial adicional en el puesto de mando instalado en el Ayuntamiento de Sant Josep.
Mateu defendió que, pese a las carencias de plantilla, «el ciudadano no quedó desprotegido», y subrayó como prueba que no hubo «ninguna desgracia, ningún accidente, ningún evento al que no hubiera podido llegar un policía, un guardia o Protección Civil».
Agradeció expresamente el apoyo de 14 voluntarios de Protección Civil, del CAP, de tres patrullas de la Guardia Civil, del grupo GRS, de la Guardia Civil de Tráfico y de los agentes de refuerzo de grúa y atención ciudadana.
Sobre el cierre del retén policial durante la jornada, admitió que la dependencia permaneció cerrada porque, según explicó, «cuando no hay ningún policía que pueda custodiarla, se debe cerrar», aunque remarcó que la atención ciudadana se mantuvo operativa las 24 horas mediante teleoperadores que derivaban las llamadas al 112 y a los servicios de emergencia.
El conflicto laboral, confirmado pero minimizado
Mateu no negó la existencia del conflicto con la plantilla policial, pero sí discrepó del diagnóstico socialista. Según su versión, se trata de un «cambio normativo de hace un año y medio en la ley de coordinación de las policías locales de las Islas Baleares», que obliga a aplicar coeficientes de compensación por nocturnidad y festivos.
Reconoció que «hay informes que lo respaldan, como el de Secretaría», pero contrapuso que «hay informes del Departamento de Recursos Humanos que lo interpretan de otra manera», por lo que, sostuvo, existen «informes jurídicos contradictorios» que deben resolverse «con seguridad jurídica» antes que por presión política.
Insistió en que «no es un problema de organización interna, no es un problema de gestión», y negó de forma expresa que la situación sea «crónica»: «Esto es lo que quieren informar y desinformar. La Policía Local está trabajando con normalidad y como siempre. Esto fue una carencia puntual».
La seguridad privada: «el colmo de las mentiras»
La concejala reservó su respuesta más dura para las críticas al contrato de vigilancia privada adjudicado a High Security Group. Calificó de «el colmo de las mentiras» la idea de que el servicio se contratara como medida paliativa ante la falta de agentes, y explicó que el proyecto se inició «el año pasado, a finales de verano», financiado con fondos CTS (4 millones de euros), y que el retraso en la licitación de este verano se debió «a diferentes circunstancias».
Defendió la legalidad del servicio amparándose en el artículo 41 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que regula las rondas o vigilancia discontinua, y afirmó que el Ayuntamiento notifica cada patrullaje a la Delegación del Gobierno con 72 horas de antelación, quedando sujeto a inspección de la Policía Nacional en cualquier momento.
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Advertencia final: injurias y calumnias
Mateu cerró su intervención instando al Grupo Socialista a «retirar su infundada petición de dimisión» y a «dejar de alarmar innecesariamente a la ciudadanía».
Y añadió una advertencia explícita: recordó que verter «acusaciones falsas e infundadas sobre la vida privada y la honorabilidad de un cargo público» puede tener «encaje en las responsabilidades civiles y penales previstas en el Código Penal respecto a los delitos de injurias y calumnia». «La política municipal merece honestidad, no bulos», remató.
