La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes en el Debate de Política General del Parlament que si en Ceuta se puede devolver a inmigrantes que llegan de forma irregular, también se puede hacer en Baleares, y ha pedido poner fin a la llegada de inmigración irregular al archipiélago.
«Vemos cómo aquello que durante tanto tiempo nos decían que era imposible hacer con la inmigración ilegal, el retorno de la inmigración irregular, ahora, de manera repentina, se empieza a hacer en Ceuta», ha subrayado. «Mientras hacemos este debate, tenemos una ciudad invadida», ha añadido.
Prohens ha situado el crecimiento poblacional —incluida la inmigración irregular—, la vivienda y la transformación del modelo económico entre los grandes retos de futuro del archipiélago. «Aquí no cabe todo el mundo y especialmente la inmigración irregular. No cabe quien no viene a respetar nuestras leyes y valores», ha declarado.
La presidenta ha insistido en que el archipiélago, ante el «abandono» del Gobierno central, no puede seguir acogiendo a personas migrantes en situación irregular y ha reclamado «poner freno a la llegada continua de inmigración irregular».
Prohens ha llamado la atención sobre la «sobreocupación» en la acogida de menores migrantes no acompañados, que supera los 900, más del doble de la capacidad ordinaria fijada «de manera unilateral» por el Ministerio de Infancia.
Cambio de modelo y «efecto llamada»
Como en anteriores debates, la presidenta ha defendido la necesidad de cambiar el patrón de crecimiento poblacional, en línea con la transformación del modelo económico. Ha expresado la voluntad de avanzar hacia un modelo que no dependa de la captación continua de profesionales del exterior, y ha recordado que el crecimiento poblacional genera mayor presión sobre los servicios públicos, las infraestructuras y la vivienda.
En este contexto, Prohens ha reivindicado las medidas para acabar con el «efecto llamada», entre ellas la exigencia de años de residencia para acceder a prestaciones como la renta social, la renta de emancipación y la vivienda pública.
