Las movilizaciones en la Seguridad Social arrancan este miércoles 17 de junio con concentraciones simultáneas en una quincena de ciudades españolas, entre ellas Palma, la única capital balear convocada y referencia administrativa para los usuarios del INSS en Ibiza. UGT, CSIF, CCOO y CIG protestarán entre las 11.00 y las 11.30 horas frente a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para denunciar el incumplimiento de los compromisos firmados con la Administración, según la información facilitada por las organizaciones sindicales y recogida por Europa Press.
Quince ciudades en la primera jornada
La protesta se desplegará en Palma, Madrid, A Coruña, Valencia, La Rioja, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Las concentraciones, de media hora de duración, tendrán lugar ante los servicios centrales y las direcciones provinciales del organismo. Los sindicatos avisan de que es solo el inicio de un calendario que mantendrán abierto hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mueva ficha.
El acuerdo de 2023 sin desarrollar
El origen de la protesta está en el Acuerdo del 16 de mayo de 2023, suscrito por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los sindicatos sostienen que ese pacto no se ha traducido en medidas reales. Tampoco, añaden, el acuerdo previo de 29 de noviembre de 2018 sobre modernización administrativa, ni la reciente adaptación a las 35 horas semanales aprobada por la Dirección General de la Función Pública.
Las centrales denuncian que la Administración «está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados» en lugar de aplicar los acuerdos vigentes. Reclaman avances en reorganización administrativa, cobertura de vacantes, movilidad, trabajo a distancia, formación, prevención de riesgos y promoción profesional.
Un tercio de la plantilla vacante
Los datos que manejan los sindicatos dibujan un panorama crítico. De los 31.000 efectivos que componen la plantilla del INSS, un tercio permanece vacante. La situación se agravará en el medio plazo: el 50 % del personal estará en edad de jubilación dentro de cinco años. En algunas provincias ya hay oficinas que funcionan con apenas uno a tres empleados, lo que repercute directamente en la atención presencial.
Esperas de hasta un año
El deterioro del servicio se traduce en plazos que los sindicatos consideran insostenibles. En Madrid, conseguir cita presencial en una oficina del INSS lleva mes y medio. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el plazo medio de resolución alcanza un año, una demora que afecta a hogares en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones sindicales subrayan que el problema «no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos».
Movilizaciones abiertas
UGT, CSIF, CCOO y CIG aseguran que mantendrán la presión hasta que el departamento que dirige Elma Saiz adopte medidas concretas. Reclaman recursos humanos y organizativos suficientes para garantizar «un servicio público moderno, eficaz y de calidad». Los sindicatos califican la Seguridad Social como una institución «esencial para el Estado del Bienestar» y avisan de que la actual radiografía de las plantillas amenaza su sostenibilidad. La jornada de mañana en Palma será el termómetro inicial de un conflicto que apunta a prolongarse durante el verano y que tendrá consecuencias directas para los usuarios del INSS en Baleares, Ibiza incluida.
