Este sábado 27 de diciembre se cumple un año de la moción de censura que certificó el relevo en el Consell Insular de Formentera: Sa Unió, Gent per Formentera (GxF) y PSOE impulsaron la salida de Llorenç Córdoba y señalaron a Óscar Portas como nuevo presidente.
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Sa Unió no deja de sorprender: presenta mal los documentos y pone en jaque los presupuestos de 2026
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Los caminos que tiene Formentera para evitar un verano sin chiringuitos
Tras una crisis política de más de un año, el argumento central esgrimido por estos sectores fue la “parálisis” institucional y la ruptura de confianza con Córdoba.
La salida de Córdoba fue el desenlace de una crisis política enquistada, con ruptura interna en el bloque de gobierno y una mayoría que se fue reconfigurando hasta dejar al presidente aislado. En la recta final, GxF y PSOE condicionaron su respaldo a movimientos previos dentro de Sa Unió, mientras el Consell entraba en una dinámica de bloqueo institucional que acabó por acelerar el cambio de mando y la candidatura de Portas
Primeras decisiones (y primer pulso con Córdoba)
El nuevo Ejecutivo arrancó con un gesto simbólico (y muy político): Portas revocó el despacho que Córdoba se había asignado minutos antes de la moción, y lo reubicó fuera del edificio principal del Consell, en un inmueble satélite. La decisión se formalizó por decreto el 15 de enero.
En la primera gran tanda de medidas internas, el gobierno de Sa Unió rescindió contratos firmados por el anterior presidente antes de su destitución, por un importe global de 130.000 euros, según avanzó La Voz De Ibiza.
A la vez, Portas y la consellera Verónica Castelló presentaron propuestas para Formentera.eco 2025, con cambios en el sistema de acceso de vehículos y cupos de entrada, en pleno debate político sobre movilidad entre islas.
Chiringuitos, el conflicto que no se apaga
Si hay un asunto que atraviesa el año de Sa Unió como una grieta constante es el de los chiringuitos y el megaconcurso bajo sospecha, del que informó en detalle La Voz de Ibiza. Y no solo por el concurso, sino por la gestión diaria de la concesión y los incumplimientos.
En pleno invierno, el Consell tomó como base un informe aportado por los propios concesionarios para intentar evitar la obligación de desmontar los quioscos de playa, reproduciendo sus argumentos en el trámite ante Costas, según la información publicada.
Para más, el Consell se limitó a imponer una multa mínima ante la negativa de los concesionarios de chiringuitos de desmontar los quioscos de playa durante el invierno.
Recién hace pocos días, el Consell reconoció que el título concesional exige que los chiringuitos estén desmontados del 15 de enero al 15 de febrero, una obligación que el propio ejecutivo intentó evitar el invierno anterior.
En ese contexto, un informe técnico de la Conselleria del Mar del Govern balear, que obra en poder de este medio, documentó incumplimientos y maniobras dilatorias que podrían llevar a consecuencias administrativas graves para la concesión. Hasta ahora, el Consell liderado por Portas no ha tomado medidas drásticas contra las graves irregularidades que se acumulan por el caso sino todo lo contrario: expone una evidente connivencia con los actuales concesionarios.
Inmigración ilegal y menas, la presión que desborda
Por otra parte, la inmigración ilegal y sus efectos logísticos y sociales se convirtieron en un frente estructural para la presidencia de Portas. El presidente insular hizo reiterados pedidos al Gobierno central para que brinde más recursos ante el aluvión de pateras que tuvo a la menor de las pitiusas como uno de los principales destinos de España.
En paralelo, el Consell negoció sin avances a lo largo del año la cesión al Govern de las competencias sobre menores migrantes.
Según definió Portas en octubre, durante la visita a la isla de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, Formentera vive una “situación límite” por la tutela de menores migrantes no acompañados.
El Consell de Formentera tutela a 127 menores migrantes, una cifra sin precedentes y muy superior a los recursos con los que cuenta.
Movilidad
La movilidad y la congestión de vehículos en el verano fue un tema muy vivo en las pitiusas en el 2025. En ese marco, Formentera desarrolló por séptimo año Formentera.eco. Durante el periodo regulado —entre el 1 de junio y el 30 de septiembre—, la cuota se completó el 100 % de los días durante 74 jornadas, repartidas entre junio (12), julio (25), agosto (31) y septiembre (6).
El Consell destacó que el modelo se consolida, con una reducción del número de vehículos a lo largo delos años. De todos modos, la consellera de Movilidad de Formentera, Verónica Castelló, avanza que el Consell insular estudia cambios de calado en el sistema. Los cambios implicarían más controles y el final de cupos para residentes de Ibiza.
En pleno verano, ambas islas habían anunciado un plan conjunto para armonizar sus sistemas de limitación vehicular.
Inseguridad
En octubre, otro debate se instaló en la calle: la inseguridad y la violencia vinculada a consumo en núcleos como Sant Ferran.
Ante los reclamos vecinales y de comerciantes de la zona, que señalaban a un grupo de jóvenes responsables de disturbios, el Consell prometió reforzar la presencia de Policía local en el lugar.
Gestión social
La Residencia des Brolls dio varios dolores de cabeza al Consell insular a lo largo del 2025 a raíz de conflictos con las trabajadoras del centro por la imposición de un esquema de horarios por parte del Consell. Un conflicto en medio de los cuales Carla Tur, directora del centro a principios de año, cogió vacaciones.
Un nuevo director, Imad El Bouchaibi Daali , asumió en abril. Sin embargo, duro apenas mes y medio en el cargo. Aunque se argumentaron problemas de vivienda, las verdaderas razones se vinculaban al caos y descontrol que reinaba la residencia desde principios de año.
El mal clima se mantuvo luego del verano. De hecho, en noviembre el propio Consell reconoció “errores humanos” en la gestión de la residencia de mayores. La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa señaló que el Consell trabaja con el Govern para lograr una gestión más eficiente del centro.
Puerto de La Savina
Otro de los gestos políticos significativos de Sa Unió a lo largo de los últimos meses fue su decisión de enterrar el Plan Especial del Puerto de La Savina que habían aprobado GxF y el PSOE y su decisión de tramitar uno nuevo.
En abril, Portas señaló que el Consell negocia con la APB aspectos del nuevo Plan Especial que sean acordes al interés de la isla. Recientemente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, agradeció la colaboración del Consell en la elaboración del nuevo Plan Especial.
Las retiradas que se hicieron esperar
Otra carpeta que se arrastró durante meses fue la de las embarcaciones varadas tras la DANA del 14 de agosto de 2024.
En abril, el Consell asumió que el Helisara VI debía considerarse residuo y que se haría cargo del traslado, a la vez que seguía el problema del Scipio 1924 por falta de localización del propietario, según se publicó. Y el 4 de julio de 2025 el Consell retiró finalmente el Scipio 1924 tras once meses encallado en ses Illetes.
El Helisara VI, sin embargo, continuó varado hasta noviembre. Recién entonces, y luego de que GxF denunciara el abandono y que la embarcación había quedado destruida tras un temporal otoñal, el Consell procedió a la retirada. “Era un proceso costoso y complejo”, justificó el Ejecutivo insular.
El vertedero ilegal en Es Cap de Barbaria
Mientras crecía la “montaña de pateras” vinculada a la crisis migratoria, es Cap de Barbaria sumó otro frente explosivo: el Govern ordenó el cierre urgente del vertedero ilegal por graves incumplimientos en la gestión de residuos, con una acumulación de escombros que, según la propia información publicada, alcanzaba más de 240.000 metros cúbicos y una altura aproximada de 40 metros, visible incluso en imágenes satelitales.
El Consell confirmó que asumiría una multa de 500.000 euros vinculada a la gestión irregular del área clausurada y anunció una solución temporal mientras buscaba una salida estructural. En términos políticos, el episodio retrató uno de los dilemas del año de Sa Unió: heredar un problema crónico y tener que convertirlo en una hoja de ruta, con el Govern fiscalizando el proceso y la isla reclamando alternativas viables para no colapsar su sistema de residuos.
Tropiezos administrativos y presupuesto 2026 en el aire
El final de 2025 dejó otra fotografía: la de un gobierno que, además de gestionar crisis, se expone por errores de forma.
El 31 de octubre, una modificación presupuestaria quedó marcada por irregularidades y obligó a rehacer trámites. “Está todo mal”, se quejó en el pleno Ángel Custodio Navarro, secretario del Consell.
Y ya en diciembre, Sa Unió volvió a quedar en el foco: documentos sin firmar y ausencias en el orden del día pusieron en jaque la tramitación del presupuesto 2026 (49 millones), que quedó en suspenso y sujeto a mayorías reforzadas hasta reactivarse.
