URBANISMO A LA CARTA

Un “expediente de diligencias previas” y en su cargo: Sant Josep protege a su secretaria municipal

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep han reconocido a La Voz de Ibiza que aún no ha abierto expediente de disciplina urbanística contra las obras "ilegales e ilegalizables" de la secretaria de la Corporación: espera resolver la solicitud de legalización presentada por la propia María Domingo.

María Domingo
La secretaria municipal de Sant Josep, María Domingo

El Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto un “expediente de diligencias previas” por las obras ilegales e «ilegalizables», según la Guardia Civil, detectadas en la finca de la propia secretaria municipal, la supuesta garante de la legalidad, María Domingo, quien está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza en el marco de la macro causa Magister dixit por un delito contra la ordenación del territorio. 

Tal como ha avanzado La Voz de Ibiza, en esa parcela ubicada en suelo rústico común se han realizado obras mayores y de cambio de uso que exceden la declaración responsable presentada por Domingo, que figura como promotora, para llevar adelante “la retirada amianto, revoco de fachadas y cambio de carpintería exterior”.

Todo ello fue constatado y ampliamente documentado tanto por la Guardia Civil como por el Consell Insular de Ibiza en sendas inspecciones. 

Este último informe se encuentra en poder del Ayuntamiento desde hace más dos años. Es que el Consell Insular de Ibiza realizó una visita a la finca apuntada el 30 de marzo del 2023, a partir de una llamada anónima que delató a la secretaria. 

A pesar de tener conocimiento de ello, aún no se ha iniciado ningún expediente disciplinario por las irregularidades urbanísticas, según han reconocido desde el Ayuntamiento a este medio. 

En tal sentido, han detallado fuentes oficiales que este expediente de diligencias previas “es el paso inicial y previo en todo disciplinario”. 

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Además, detallaron que existe un supuesto proyecto de legalización que, a tenor de la contundencia de los informes del Consell y de la Guardia Civil, tiene difícil encaje en la legalidad urbanística. 

Por su parte, la Guardia Civil ha considerado que se tratan de “obras ilegales e ilegalizables al haber reformado y cambiado el uso a residencial, no siendo autorizable”.

Por este motivo, la legislación sectorial aplicable “las consideraría en la situación urbanística de fuera de ordenación, en virtud del art. 129.2.b de la LUIB”, según las actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

De todas formas, portavoces oficiales del Ayuntamiento han explicado que, “teniendo en cuenta que el objetivo de un disciplinario es la restitución de la legalidad, al haberse presentado y en consecuencia, abierto, un expediente de legalización por voluntad de la propiedad, el expediente de disciplina queda en suspensión hasta la resolución del expediente de legalización”. 

Sigue en su cargo

A pesar de encontrarse investigada por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y de haber realizado obras ilegales en una finca ubicada en su propio municipio, la secretaria municipal -calificada como la garante de la legalidad del Ayuntamiento por sus funciones claves– continúa en el cargo.  

Ante esta consulta, desde el Ayuntamiento han respondido oficialmente que “no entramos en esta valoración”. 

Además, han argumentado que “en ningún momento tenemos constancia de ninguna imputación directa ni investigación. En todo caso deberíamos tener presente la presunción de inocencia y la competencia o no en poder destituir o no a alguien en un caso”.

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El Ayuntamiento de Sant Josep ha evitado personarse en la causa judicial que investiga numerosas licencias de obras cuando menos sospechosas otorgadas durante los mandatos de los socialistas Josep Marí Ribas Agustinet y de Ángel Luis Guerrero Gelu y que afecta a varios funcionarios municipales.

Sin perjuicio de que los avances en la investigación acaben ampliando la nómina de investigados, antes imputados, el juzgado investiga al ex alcalde, a la letrada de Urbanismo, María Carla Garía Martínez; a un arquitecto municipal Enrique Durán; y a la propia secretaria municipal, los tres primeros en virtud de su cargo o trabajo y la última en virtud de unas obras de carácter privado.

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