Una sentencia del Juzgado de lo Social de Ibiza ha reconocido el derecho de una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a cobrar las horas extra realizadas y pendientes de abono desde 2021. La resolución, celebrada por UGT Servicios Públicos, obliga al consistorio a liquidar los servicios extraordinarios que la trabajadora venía reclamando por vía administrativa sin éxito.
Una deuda de 937 euros
La afectada, auxiliar administrativa del Ayuntamiento, reclamaba el pago de 937 euros correspondientes a servicios extraordinarios efectivamente prestados. Pese a las reiteradas reclamaciones presentadas ante el consistorio, la Administración municipal denegó el abono, lo que la obligó a iniciar la vía judicial para defender sus derechos retributivos.
El TAMIB no logró un acuerdo
Antes de acudir a los tribunales, el conflicto se sometió al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB). Según denuncia UGT en su comunicado, la mediación no prosperó por la falta de voluntad conciliadora del Ayuntamiento. Agotada esa vía, los servicios jurídicos del sindicato interpusieron la demanda que ahora ha resuelto el juzgado a favor de la empleada pública.
UGT reprocha la judicialización
El sindicato valora positivamente el fallo por reafirmar el derecho del personal público a percibir íntegramente las retribuciones derivadas del trabajo realizado. Al mismo tiempo, UGT Servicios Públicos lamenta que un conflicto por menos de mil euros haya acabado en los tribunales tras casi cinco años de recorrido administrativo y judicial.
Coste para las tres partes
La organización sindical subraya que la judicialización ha tenido un coste elevado para todas las partes implicadas: la intervención del TAMIB, el uso de recursos de la Administración de Justicia y la actuación de los servicios jurídicos tanto de UGT como del propio Ayuntamiento. A ello suma el desgaste personal y profesional soportado por la trabajadora durante todo el proceso.
Un aviso a otros consistorios
UGT concluye que este tipo de conflictos deberían resolverse mediante el diálogo y el estricto cumplimiento de la legalidad, evitando procedimientos que generan gastos innecesarios a las arcas públicas. La sentencia sienta un precedente para otras reclamaciones similares en la Administración local ibicenca y refuerza la posición de los empleados públicos que reclaman el abono de servicios extraordinarios pendientes.
