El traslado de residuos de Ibiza a Mallorca tiene por fin fecha. El primer envío de la fracción rechazo procedente del Área Ambiental de Ca na Putxa llegará a Mallorca en la madrugada del jueves 16 de julio, según ha confirmado el Consell de Mallorca tras la firma del convenio entre las dos instituciones insulares que activa la prueba piloto. El barco partirá de Ibiza el día 15.
La rúbrica del convenio, suscrita este martes, despeja el último trámite que quedaba pendiente para poner en marcha una operación anunciada hace más de un año y aplazada en repetidas ocasiones. El acuerdo fija una duración de un año, prorrogable por un año más.
Siete camiones frente a los 780 diarios de Son Reus
El acuerdo detalla las condiciones operativas. El transporte marítimo y terrestre correrá a cargo del Consell de Ibiza, y el envío lo ejecutará la concesionaria ibicenca, la UTE GIREF. La prueba arrancará con un máximo de siete camiones tipo tablero, cinco días entre semana, que circularán por Mallorca en horario nocturno, tal y como ya avanzó el Consell al detallar la operativa.
El propio Consell de Mallorca ha aportado un dato para dimensionar ese impacto: durante el mes de junio entraron en la planta de Son Reus una media de 780 camiones al día, frente a los siete que sumará el envío ibicenco. La institución sostiene, por ello, que la prueba se desarrollará «sin afectar al tráfico ni ocasionar otras molestias».
La cantidad de residuos enviada dependerá, según el convenio, de la capacidad logística y la disponibilidad presupuestaria del Consell de Ibiza. Además, el envío deberá comunicarse a TIRME con diez días de antelación, un plazo que explica que, pese a la firma de este martes, el primer cargamento no llegue hasta el 16 de julio.
Cómo viajará el residuo
El convenio determina que la fracción rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones de Ibiza, compactada con flejes y retractilada. El transporte se realizará mediante plataformas «perfectamente cerradas» o vehículos con caja completamente cerrada, una previsión que responde a las críticas de las últimas semanas sobre posibles olores y molestias.
El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, se desplazará a Ibiza el 15 de julio para supervisar que el primer envío se realiza «con todas las garantías ambientales», y viajará en el primer barco rumbo a Mallorca.
Las condiciones económicas
En el plano económico, el acuerdo establece que, como contraprestación por el tratamiento de cada fracción de residuos, se abonará a TIRME —la concesionaria mallorquina— la tarifa vigente más los impuestos correspondientes. A ello se suma la ya conocida subvención del Govern balear al Consell de Mallorca, de 50 millones de euros en diez años, como administración receptora de los residuos. Gracias a esa aportación, el Consell de Mallorca reducirá un 10% la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) que pagan los mallorquines.
El horizonte de los diez años
El plazo de un año prorrogable encaja con el marco de fondo de la operación. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ya asumió que la isla enviará su basura a Mallorca durante al menos diez años, ante la complejidad y los plazos de cualquier infraestructura alternativa, como una incineradora propia.
Ambas instituciones enmarcan la operación en la finalización «inminente» de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y en el objetivo de vertido cero que fijan las directivas de la Unión Europea. El traslado entre islas, recuerdan, ya estaba previsto en la Ley de Residuos de Baleares y en el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca, ambos de 2019, y la planta mallorquina «tiene capacidad suficiente» para tratar la fracción rechazo de Ibiza.
El paso que faltaba, en plena controversia
La firma del convenio pone fin a la incógnita que había marcado las últimas semanas. Tanto el Consell como Marí habían situado esa rúbrica como el único trámite pendiente para el arranque, una vez publicada la cobertura legal en el BOIB (Ley 4/2026) y formalizada la adjudicación a GIREF el pasado 22 de mayo.
El anuncio llega, además, en plena controversia: el GOB y varias asociaciones vecinales han exigido frenar el traslado por su impacto ambiental, y el PSOE ha denunciado en ambas islas la «falta de transparencia» del proceso.
